Villamandos en el Pleno del Parlamento
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) es una entidad absolutamente independiente, por lo que la Junta “no tiene nada que ver ni en la elección de los evaluadores, ni en la decisión de los criterios, ni en el desarrollo de los informes que emite”, toda vez que ha destacado que es reconocida por los organismos europeos de calidad y evaluada y auditada internacionalmente. Así lo ha puesto de manifiesto en el Pleno del Parlamento, donde ha remarcado que los criterios de evaluación de las titulaciones universitarias oficiales en Andalucía, recogidos en la Guía de Verificación aprobada por ACCUA en marzo de 2025, garantizan la calidad y la coherencia de los títulos ofertados.
Durante su intervención, Gómez Villamandos ha destacado, en relación al proceso de verificación de una titulación universitaria en Andalucía, que la evaluación se realiza en base a los estándares europeos de calidad universitaria, por comités formados por expertos independientes, y sobre la información aportada por las universidades responsables del título, teniendo en cuenta la Guía de Verificación. Además, el procedimiento, muy parecido a los de las otras agencias de calidad de España y Europa, está tutelado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, “con absoluta independencia de la Consejería de Universidad, a la que se encuentra adscrita ACCUA”.
De este modo, se ha referido a las distintas etapas de este proceso de acreditación de una titulación universitaria oficial, que comienza con la solicitud por parte de la universidad interesada ante el Consejo de Universidades, órgano dependiente del Ministerio, que, a su vez, traslada la memoria de verificación del plan de estudios a la entidad evaluadora competente, ACCUA en el caso de Andalucía, una memoria que debe elaborarse conforme a la normativa estatal, y para lo que las universidades tienen a su disposición guías de apoyo, directrices y orientaciones consensuadas y elaboradas por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) y por la propia agencia ACCUA, las cuales son públicas y se encuentran en su página web. Además, recibidas las memorias de verificación, la Agencia coordina la evaluación de estas a través de expertos externos independientes, organizados en paneles de evaluación para las diferentes ramas de conocimiento.
En este sentido, Gómez Villamandos ha querido aclarar que en la elaboración, aprobación y publicación de estas guías de verificación de títulos participan técnicos de ACCUA y miembros de comisiones ajenos al sistema universitario andaluz, y una vez elaboradas se envían a las universidades andaluzas para que participen en su confección final. Finalmente, dichas guías son trabajadas y aprobadas por el Comité Técnico de la Agencia, “integrado por profesores con experiencia dilatada en calidad universitaria y ajenos a ACCUA”. También participan dos alumnos de universidades andaluzas. Ha indicado, igualmente, que al personal colaborador técnico de la Agencia para la evaluación y la acreditación se designa atendiendo, entre otros, a criterios de: objetividad, conforme a criterios y estándares internacionales; idoneidad; diversidad territorial; independencia; ausencia de conflictos de intereses; disponibilidad; y equilibrio de género.
Asimismo, el consejero de Universidad ha especificado que entre los criterios de evaluación que deben superar las titulaciones para su acreditación, la Guía de Verificación aprobada por ACCUA en marzo de 2025 establece que cada propuesta debe justificar adecuadamente su denominación, ámbito de conocimiento y objetivos formativos y se exige una planificación clara de la estructura curricular, especificando créditos, materias, metodologías docentes y sistemas de evaluación. El proceso evalúa también las condiciones de acceso, los procedimientos de reconocimiento de créditos y la movilidad académica y se presta especial atención a la idoneidad del profesorado, así como a la existencia de personal de apoyo y a la disponibilidad de infraestructuras y recursos tecnológicos adecuados. Y se valora de manera prioritaria la existencia de un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC), que asegure el seguimiento, mejora continua y rendición de cuentas del título.
“Una vez realizadas las valoraciones iniciales, los informes son revisados por las Comisiones de Evaluación de Rama (CER), órganos colegiados que emiten informes provisionales, y posteriormente son tratados por la Comisión de Emisión de Informes (CEI), que revisa y unifica los criterios de evaluación entre ramas y garantiza la coherencia del procedimiento”, ha especificado el consejero, quien apunta que el resultado inicial de la evaluación es un informe provisional, que puede dar lugar a subsanaciones por parte de la universidad en un plazo de 15 días hábiles. Tras su revisión por la CER y la CEI, se emite el informe final, que se remite al Consejo de Universidades, órgano responsable de dictar la resolución de verificación. Las universidades pueden recurrir la resolución o presentar una nueva propuesta subsanada a partir del 1 de septiembre. Al respecto, ha aclarado que estos recursos son gestionados por una comisión independiente de la que emitió el informe inicial.
Por tanto, Gómez Villamandos ha criticado que “se haya elevado a la categoría de conflicto lo que es un procedimiento reglado, transparente, independiente y basado en estándares europeos”, toda vez que ha destacado que el Gobierno andaluz “apuesta de manera nítida por el sistema público universitario, con más financiación que nunca, más oferta pública y mejores condiciones laborales de nuestros profesionales”. Ha recordado así que las universidades andaluzas van a actualizar su oferta académica tras casi 15 años sin poder hacerlo para adecuarse a las necesidades de la sociedad y van a cumplir con la nueva programación que hasta 2028 plantea 188 nuevos títulos.
Al respecto, ha señalado que más de 40 grados y másteres de las universidades públicas de Andalucía han recibido informe favorable por parte de ACCUA, lo que supone “un 87% de los títulos evaluados”. “Y si en esta primera fase de verificación ha habido títulos que, de momento, cuentan con informe desfavorable por parte de una agencia independiente, no es, en ningún caso, responsabilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha sentenciado Gómez Villamandos, quien ha insistido en que cuando una enseñanza no supera la evaluación, hay cauces reglados para su revisión. ”Existen comisiones independientes, posibilidades de subsanación y, sobre todo, un compromiso firme con la mejora continua”, ha asegurado.
“Razones técnicas, objetivas y documentadas”
Así, y en relación al informe desfavorable del grado en Ciencia de Datos e IA de la Universidad de Granada, el titular de Universidad ha indicado que la Comisión de Ingeniería y Arquitectura, formada por 15 miembros independientes y presidida por un catedrático de la Universidad de Carlos III de Madrid, ha emitido un fallo negativo basándose en cuestiones técnicas, “siendo la principal de ellas la propuesta de adscribir el título en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla”. “La misma comisión ha evaluado positivamente los títulos de inteligencia artificial de las Universidades de Sevilla, Jaén y Almería, por lo que no es una cuestión en absoluto de públicas o privadas”, ha destacado.
Igualmente, y sobre el grado de Ingeniería Biomédica de las universidades de Granada y Jaén, Gómez Villamandos ha apuntado que el informe negativo no está relacionado con la capacidad de estas instituciones académicas en materia de biomedicina, sino porque se trata de una titulación dual y estas enseñanzas “son mucho más complejas, puesto que requieren no solo la participación y medios de las universidades, sino de las empresas donde se vaya a realizar la formación”, y en este caso “la comisión señala que no se han aportado los convenios, que no se acredita la capacidad de las empresas para la docencia y la evaluación de los estudiantes”.
Por tanto, ha reiterado que los títulos rechazados “no lo han sido por razones ideológicas, ni políticas, ni económicas. Lo han sido por razones técnicas, objetivas y documentadas. Y por eso existe un procedimiento para subsanar, revisar y mejorar”.
Y además, mientras tanto, “incrementamos la financiación pública universitaria, hemos eliminado la deuda histórica de más de 800 millones que dejó el PSOE y hemos iniciado la mejora real de las condiciones laborales del profesorado universitario”, ha subrayado Villamandos, quien ha manifestado que desde la Consejería de Universidad y desde el Gobierno andaluz “seguiremos defendiendo a las universidades públicas, a su comunidad académica y el derecho de los estudiantes a recibir una formación de calidad, con reconocimiento nacional e internacional”.
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