El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha comparecido hoy en sede parlamentaria para informar de los recortes del Gobierno central en Andalucía a las Políticas Activas de Empleo (PAE), un hachazo “drástico y continuado” que se ha consolidado en este 2014 por tercer año consecutivo.
Sánchez Maldonado ha explicado que, para el conjunto de España, el recorte en estas políticas ha supuesto pasar de 3.061 millones de euros en 2011, con el Gobierno Socialista, a 1.318 millones de euros, con el Gobierno del Partido Popular. Así, ha señalado que “el Gobierno del PP ha quitado a Andalucía y a los parados andaluces 400 millones en 2012, reafirmándose el recorte en 2013 y quitando cerca de 30 millones más en 2014”.
Tras señalar que Andalucía “ha pasado de recibir 766 euros por parado registrado a menos de la mitad, 275 euros”, ha destacado que “este nuevo hachazo coincide en un momento en el que más duramente castiga la crisis sobre los que no tienen nada”. “El Gobierno de la Nación poda derechos sociales y políticas públicas, y sin ruborizarse en ningún momento traslada responsabilidades con la excusa de la reforma y de la mala situación económica”, ha remarcado.
De este lado, ha señalado que al recorte iniciado en 2012 en las PAE se suman todas las acciones de políticas de fomento del empleo entre las que se encuentran las de orientación laboral (reducción del 85% con respecto al presupuesto destinado por al anterior Gobierno socialista) y a los destinados a la modernización de los servicios públicos de empleo (disminución de más del 87%).
Pero el consejero también ha querido detenerse en el cambio en los criterios de reparto de las PAE, que se venían aplicando desde el año 2009. Según ha explicado, esos criterios tenían en cuenta factores correctores en función del territorio, de los demandantes de empleo no ocupados, de la población, o de las personas con discapacidad, factores que ahora desaparecen para dar paso a una distribución lineal de los fondos. “Esto es prueba evidente de que no hay nada más discriminatorio que aplicar la igualdad sin tener en cuenta la diversidad”, ha apostillado.
El consejero ha criticado que también se reducen las partidas que tienen carácter variable para estas políticas, y que están en función del cumplimiento de objetivos por parte de las comunidades autónomas. A este respecto, ha lamentado el argumento del Gobierno central del efecto de las PAE medido en términos de colocación o inserción, obviando que la propia normativa vigente, la Ley de Empleo, las define “como el conjunto de acciones o medidas destinadas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, mantenimiento del existente y a la promoción profesional y fomento del espíritu innovador”.
Junto a todo esto, Sánchez Maldonado ha recordado que los recortes aplicados por el Gobierno de la Nación han incluido también “una política privatizadora de los servicios públicos de empleo”, pasando los fondos de 25 millones en 2011 a 3 millones en este año. “Y al mismo tiempo destinando una partida de 50 millones de euros para conveniar con las agencias privadas de colocación, para pagar a éstas un canón por prestar los mismos servicios que ya prestan los servicios públicos”, ha criticado.
De la misma forma, ha hecho especial hincapié en “el retraso injustificado” en la transferencia real de los fondos comprometidos para estas políticas, poniendo como ejemplo que los fondos finalistas de 2013 “no se transfirieron a las comunidades autónomas hasta diciembre de 2013”, por lo que la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades, “tiene que ejecutar sin que se le haya transferido nada”.
“En la lucha contra el desempleo todos y todas somos necesarios, pero el Gobierno andaluz nunca avalará que la crisis económica sirva como cortina de humo para privatizar servicios públicos a la par que se pone el dedo acusador del fraude en la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador”, ha concluido.
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