- La subsecretaria de Justicia destina casi 1,3 millones de € en diversas actividades preventivas, destacando las relativas a riesgos psicosociales como el estrés o la fatiga, para todo el personal de la Administración de Justicia.
- En la memoria del contrato se explica que el Ministerio de Justicia someterá a exámenes a todo el personal para evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo (cargas de trabajo, estrés, ansiedad, el acoso laboral, la violencia o la preocupación por la inestabilidad del trabajo)
Hace unas semanas dimos noticia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era denunciado ante la ITSS por incumplir la sentencia que le obliga a fijar la carga de trabajo para prevenir los riesgos, en especial, psicosociales, de las personas que integran la carrera judicial. Por su parte, para el personal de justicia, el Ministerio del ramo anuncia ahora que tiene previsto invertir más de 1,3 millones de € en la mejora de la gestión preventiva en este sector de empleo público, buena parte de los cuáles se dirigirán a la prevención de riesgos de índole psicosocial en el servicio jurídico de administración de Justicia.
Para ello, el Ministerio ha vuelto a contratar un servicio de prevención ajeno, pues razona que “carece de los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades objeto del contrato”, que es la exigencia de la LPRL para autorizar este tipo de externalizaciones de una actividad preventiva que compete al sujeto empleador, en este caso público. El contrato incluye a todo el personal funcionario, sean del ámbito Ministerio o los de territorios que no tienen transferida la competencia (5 CCAA). No afectará a la carrera judicial, por cuanto depende, como se ha dicho, del CGPJ.
Según la Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral del sindicato CESIF, el 45% del personal de empleo público consumen hipnosedantes a diario (ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, etc.). Esta fuerte prevalencia se debería a diversos motivos ligados con el trabajo, en parte íntimamente relacionados con los efectos del Covid-19 y la crisis económica. Sin duda, el exceso de carga de trabajo es un problema que comparten el personal funcionario y las personas de la carrera judicial. Un sistema eficiente y bien administrado por parte del primero puede facilitar el del segundo, centrándose en la toma de decisiones judiciales. En cambio, un sistema con excesiva carga de trabajo y con más de un déficit de organización tiene un impacto negativo en el otro, lo que puede resultar en demoras en el proceso judicial y una disminución en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Asimismo, en el ámbito del sector público en general, que afecta también al sector de empleo público de administración de justicia, aunque menos, un problema importante es la “inestabilidad laboral”, pues la inseguridad en el trabajo es un factor clave de riesgo psicosocial. No por casualidad la reciente STJUE de 13 de junio de 2024 (confirma que España no tiene medidas adecuadas para combatir el abuso de temporalidad en el empleo público) se dicta respecto de personal interino de Administración de Justicia en Cataluña. Al respecto, hay que reseñar que mientras la temporalidad se reduce de forma acelerada en el empleo privado se mantiene en el empleo público.
En términos de duración, las pruebas serán promocionadas durante un año, salvo en algunos territorios como Castilla-La Mancha y Extremadura, en cuyas gerencias territoriales tendrá una duración de 18 meses, Castilla y León, con 24 meses y, la de Fiscalía que se extenderá hasta los tres años con la opción de ampliar dos años más. El Ministerio Fiscal además dispondrá de una persona cualificada como técnico superior en prevención de riesgos laborales a tiempo completo en la FGE
La función de los servicios de prevención ajenos contratados se verá reflejada mediante el análisis de tres ámbitos claramente identificados como los riesgos psicosociales, prevalente, los riegos higiénicos –a través de la medición de agentes químicos, físicos y biológicos, así como, las pruebas correspondientes en las salas de autopsia del Instituto de Medicina Legal– y los riesgos ergonómicos –conociendo todas aquellas situaciones en las que se manipulen cargas superiores a los tres kilos, generalmente causantes de accidentes de trabajo o lesiones–. Las actividades preventivas que practiquen ambas empresas deberán seguir una planificación previamente elaborada y donde cada centro podrá incorporar los riesgos presentes en sus puestos de trabajo para el control, reducción y erradicación de los mismos. Asimismo, la memoria contempla que el programa de las actividades deberá integrar la duración, las personas responsables, los talleres que tendrán lugar, así como, los materiales necesarios para su puesta en marcha.
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