La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado este miércoles que su departamento dará continuidad durante dos años más a las unidades provinciales de atención integral y acompañamiento a la inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, un servicio que presta el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para ayudar a este colectivo a mejorar sus competencias, tanto personales como profesionales, y su posicionamiento laboral.
En comisión parlamentaria, Blanco ha precisado que el SAE, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, atendió desde marzo de 2022 a 2.537 mujeres, un 26,8% más de las inicialmente previstas, a través de estas unidades, que se pusieron en marcha “conscientes de que el empleo es una de las puertas que permite a estas mujeres salir del círculo de la violencia y lograr su recuperación”.
De esta manera, ha explicado que los buenos resultados que ha cosechado el programa han motivado la puesta en marcha de un nuevo contrato, financiado mediante el FSE+, para dar continuidad a este servicio, con una previsión de 2.000 atenciones como mínimo, a lo largo de 24 meses, y cuyo inicio está previsto para el último trimestre del año.
Las unidades de Atención Integral y Acompañamiento para la Inserción Sociolaboral de Mujeres víctimas de violencia de género arrancaron en marzo de 2022 con un presupuesto de 1,5 millones de euros, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados.
Este servicio, con una duración de dos años tras la prórroga del primer contrato, se ha desarrollado mediante la implantación de ocho unidades de intervención, una por cada provincia andaluza. Desde estas unidades se ha prestado servicios de apoyo psicosocial, orientación, formación, intermediación, ayuda a la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, así como otras iniciativas que se han considerado necesarias para reforzar a este colectivo.
Para acceder al programa, las mujeres víctimas de violencia de género, acreditadas como tal, debían estar inscritas en el SAE, y poseer su demanda en alta o en suspensión con intermediación.
De este modo, durante los últimos dos años, las beneficiarias del programa han recibido más de 10.000 horas de acogida para el desarrollo de un diagnóstico y evaluación de su situación, así como el diseño de un plan de acción del itinerario integral acorde al diagnóstico realizado; más de 15.000 horas de orientación y apoyo psicosocial vinculadas a la búsqueda de empleo; casi 100.000 horas de formación enfocadas a reducir la brecha digital, y 18.500 horas en acciones de inserción laboral.
Junto a estas acciones, las beneficiarias del programa han contado con un servicio de transporte y conciliación para que, en el caso de tener a su cargo menores o personas dependientes, pudieran asistir con todas las garantías a las diversas acciones propuestas.
Como ha indicado Rocío Blanco, con estas iniciativas, el Ejecutivo andaluz contribuye a que este colectivo, de especial vulnerabilidad, pueda acceder a herramientas específicas y necesarias para acceder a un trabajo de calidad, “que les permita una independencia económica, requisito casi indispensable para emprender un nuevo proyecto de vida”.
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