[LARPSICO] 40 profesionales de la sanidad al día sufren agresiones: ¿una larvada “epidemia” de violencia de terceros en los entornos de trabajo sanitario?

Andalucía, 02/10/2024
lustración de una agresión a personal médico. / Rosell

Dos noticias muy recientes han vuelto a traer al primer plano de la actualidad, y del debate, la denominada “violencia de terceras personas” ejercida contra diversos tipos de colectivos de profesionales, en tanto desarrollan su actividad en sus entornos de trabajo. La primera se produjo en el encuentro de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el pasado domingo (29 de septiembre de 2024), con el bochornoso episodio de violencia social ambiental vivido en El Metropolitano, a razón de las agresiones verbales y lanzamientos de objetos de un sector de la grada al portero del Real Madrid.

La segunda confirma que, ese tipo de conductas, intolerables a todas luces en el plano social, tiene consecuencias jurídicas importantes. Así, hemos conocido que fue condenado a un año de prisión el aficionado del Real Mallorca que lanzó cánticos racistas contra los jugadores Vinicius y Chukwueze. La condena es por delito de integridad moral ex art. 173 Código Penal «con la agravante de discriminación por motivos racistas y aplicando asimismo la atenuante de arrepentimiento». Como fueron dos conductas de insultos racistas, la pena se dobla (un año de prisión y de tres años de prohibición de entrada a un campo). No sería la primera condena por conductas (incidentes) racistas en estadios de fútbol, consolidando un criterio jurídico que normaliza las consecuencias penales de este tipo de comportamientos, reforzando la actividad que, desde hace años, ciertos equipos y la Liga profesional realiza para su erradicación.

Pero no son los únicos colectivos profesionales que sufren esta violencia social o de entorno, convirtiendo un riesgo social o de entorno (violencia ambiental) en un factor de riesgo laboral en sentido estricto. Sin duda, entre estos profesionales destacan de modo muy particular el personal sanitario, que no hace, sino sufrir una creciente incidencia de este riesgo, con importantes consecuencias en su salud, como revelaría el Informe de agresiones a profesionales del sistema nacional de salud, 2024 -con datos de 2023-). De los diferentes tipos de violencia en el trabajo, este tipo de violencia se consideraría como “violencia tipo II” (University of Iowa Injury Prevention Research Center, 2001), porque procede de personas externas a la organización de la empresa contra personas empleadas en ella, si bien aquellas sí tienen un vínculo con la empresa, comercial (clientes, sujetos proveedores) o de usuario (personas beneficiarias de servicios públicos). Así se describe en la clásica Nota Técnica Preventiva del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 489/1998: Violencia en el lugar de trabajo.

Las agresiones al personal sanitario tienen también una respuesta penal (desde el año 2015 es un delito de atentado -art. 550 CP-, al igual que las agresiones realizadas contra el profesorado). Pero aquí no nos interesa tanto esa dimensión como la preventiva, esto es, su tratamiento como un riesgo laboral, identificando sus factores agentes y, por supuesto, cómo establecer medidas para su prevención, en los términos de los arts. 14 y 16 de la LPRL. Como es lógico, el primer paso para ello es conocer su dimensión, esto es, su incidencia. Al respecto, hace años que contamos con una información precisa.

En efecto, desde que se constituyó el “Grupo de trabajo para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del SNS” en 2018, anualmente se ofrece un Informe que proporciona análisis precisos de la situación. En esos informes se da una perspectiva global sobre la violencia externa a las personas profesionales en el entorno sanitario, a fin de conocer la incidencia y evaluar la implantación de medidas de prevención eficaz. El más reciente contiene datos completos, estatales y desagregados por CCAA.

Por lo que concierne a la magnitud del problema, en el año 2023 se notificaron un total de 14.706 agresiones en el conjunto del SNS. Lo que supone:

  • 24,05 notificaciones de agresiones por cada 1.000 profesionales del SNS, esto es, 4 puntos más con respecto a los datos notificados del año 2022
  • Entorno a 40 profesionales sanitarios son agredidos al día en España.
  • La mayor parte procede de las personas pacientes (usuarias de los servicios sanitarios: 72%), y en torno a 1/3 de ellas derivan de sus acompañantes (28%)
  • Las agresiones son tanto físicas (violencia física) como, sobre todo, verbales (violencia psíquica y/o moral: 8 de cada 10 agresiones -insultos, amenazas-). Cada año se baten récords, duplicándose la tasa de incidencia en la última década.

Si se desagregan más los datos atendiendo a factores sociodemográficos y laborales de relevancia, el Informe evidencia que:

  1. Sesgo de sexo-género. En el 78 % de las notificaciones la persona agredida es una mujer (debe tenerse en cuenta que el 76 % de los profesionales sanitarios del SNS son mujeres).
  2. Categoría profesional. El personal facultativo y el personal de enfermería son los que sufren un mayor porcentaje de agresiones en comparación con el resto de las categorías profesionales existentes en las instituciones sanitarias, por lo que sería evidente que se vincula a la prestación de servicio en buena medida -o, más bien, las deficiencias y su percepción por la persona usuaria-.
  3. Tipo de agresión. El 84% de las agresiones implican violencia psíquica (insultos y amenazas), y el 16% agresiones físicas (2.335 actos violentos de tipo físico)
  4. Lugar de agresión. La mayor parte de las agresiones notificadas tienen lugar en las consultas (31%), seguidas de los hospitales (21%) y los puntos de admisión e información (17%). En este último caso, ha habido cierta mejora, porque hace unos años ocupaba el segundo lugar en tasa de violencia contra el personal. Solo un 3% (449 en total) de las agresiones se informan en los domicilios (dato constante en los tres últimos años). No obstante, pese a su menor número, también son las que ofrecen mayor complejidad preventiva, puesto que el domicilio es un espacio que escapa al control de la organización sanitaria
  5. Causas. La causa más frecuente se corresponde con las relacionadas con la atención percibida por el usuario (34%), seguida de las causas relacionadas con las demandas del usuario (31%) y, en tercer y cuarto lugares, por causas ajenas a la organización o a la asistencia prestada (18%) o las relacionadas con el propio acto sanitario o administrativo realizado (17%).

Entre los principales factores explicativos estarían:

  1. Sociales: pérdida de valores educativos en el conjunto social, incremento de la violencia ambiental, conflictividad social en ciertas zonas y barrios.
  2. Organizativo-institucionales: déficit de servicios públicos sanitarios.
  3. Impacto de las redes sociales: creencia en que la persona paciente tiene tanta información como la persona profesional, porque se ha informado.

Entre las soluciones que se proponen estarían:

  1. Atajar o corregir los factores de riesgo (más educación, menos violencia social, mejoras de los servicios públicos sanitarios).
  2. Promover la denuncia del profesional (y de su entidad sanitaria empleadora), máxime teniendo en cuenta que quienes agreden suelen ser reincidentes, pero si son denunciados y/o detenidos/encausados no suelen reincidir).
  3. Perfeccionar los planes de prevención por parte de las CCAA (ej. alarmas de índole individual, simulación de situaciones de agresiones -inmersión con un tipo de formación propia de la realidad virtual-, medidas colectivas, etc.)

Nota: En el ANEXO 3 del Informe se incorporan las medidas de las CCAA. (pp. 25 y ss.)

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