Según el índice global de felicidad, publicación anual de la ONU que mide la felicidad en 157 países, basándose en encuestas a personas que evalúan su vida según varios factores de calidad, incluido el trabajo, Dinamarca es uno de los países más felices del mundo (segundo puesto), mientras que España ocupa el puesto 32. Según el prestigioso Instituto de la Felicidad de Copenhague entre los varios factores que estarían en la base de ese privilegiado puesto del pequeño país centroeuropeo se citan la (1) la satisfacción con su trabajo, no solo por atender las necesidades de la vida sino también por la facilitación de la vida familiar, de un lado, y (2) los beneficios de su estado de bienestar, por cuanto les otorgaría un alto grado de confianza en sus oportunidades de vida y en la eficiencia de la gestión, de otro. Buena prueba de ello es que 9 de cada 10 personas danesas sienten que es positivo pagar impuestos.
Este tipo de estudios ponen de relieve que no siempre el crecimiento económico y los altos niveles de empleo son acompañados con mejoras en las tasas de satisfacción en el trabajo de las personas, así como con sus condiciones de vida en general. Crecimiento y productividad, pues, exigen otras condiciones laborales y sociales para que supongan un progreso social en términos de bienestar psicosocial en los entornos de trabajo y, por lo tanto, en la vida de buena parte de la ciudadanía de una sociedad. Hay datos al respecto.
Al respecto, el citado Instituto de la Felicidad de Copenhague evidencia cómo para medir la satisfacción con la calidad de vida y de trabajo de las personas, el nivel de empleo y de PIB son insuficientes. En este sentido, en Estados Unidos habría subido el PIB prácticamente un 20% en la última década, pero la satisfacción con las condiciones de vida se ha reducido un 3% en el periodo (vid. Gráfico. Fuente: Alejandro Cencerrado. “más trabajo, más ansiolíticos: la economía va bien, nuestras vidas no tanto”)
Puede entenderse así datos como el contraste entre economías que marchan bien, como es el caso actual de España, con mayor crecimiento económico (PIB) y de empleo que la media de la zona euro, pero en la que un número cada vez mayor de personas tienen dificultades para llegar a fin de mes y acceder a bienes básicos, como la vivienda. Datos recientes (como el de la OCU) ponen de relieve que el 64 por cien de las unidades familiares tienen notables problemas para afrontar los gastos más básicos de existencia. Además, 7 de cada 10 familias son incapaces de ahorrar con lo que ingresan por su salario, si bien, el ahorro de las familias en España ha crecido en 2024, desde el 19,7 al 21,2%. Este diferencial de 1,5 puntos evidencia, pues, que crecen las diferencias económicas y de trabajo entre la población española, donde un grupo reducido experimenta notables mejoras y el grupo mayoritario o se estanca o ve reducirse su bienestar y, por lo tanto, su satisfacción con el trabajo y sus condiciones de vida.
En este contexto, se confirma que el consumo de ansiolíticos, tranquilizantes o hipnosedantes crece. España sería el segundo país europeo con más consumos de este tipo de sustancias “legales” (psicofármacos). De ahí que su reducción constituya una de las prioridades del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 que en este momento negocia la Administración General del Estado con las CCAA. Se apuesta por ampliar la plantilla y reforzar los servicios de psicología del Sistema Nacional de Salud. No será suficiente.
En efecto, diferentes investigaciones del referido Instituto de la Felicidad, y en el marco de una nueva “Wellbeing Economy” (Economía del Bienestar), en la que se mida no solo el PIB sino también la satisfacción de las personas con su trabajo y condiciones de vida y bienestar social, para determinar el progreso de un país y zona, se tiende a poner el acento en la promoción de lo que la OIT llama “soberanía de los tiempos de vida”, con inclusión del laboral. De ahí que se considere que la reducción de la jornada laboral que en estos momentos se negocia en España puede tener importantes beneficios, también para la salud mental de las personas. En este sentido, se llega a estimar que reducir la jornada laboral podría conseguir que hasta 800.000 personas dejaran de consumir de forma habitual ansiolíticos.
Como es natural, este impacto positivo exige más de un factor para que pueda tener actualización. Pero es evidente que este movimiento integrador del bienestar integral de las personas, con especial atención a la satisfacción en las condiciones de calidad de vida y de trabajo, no solo en el PIB y en tener un empleo, que tiene sus limitaciones y exige mayores estudios para adquirir evidencias, puede aportar una razón importante más para alentar que gobierno, patronal y sindicatos alcancen un acuerdo en su negociación. Aporta una mirada distinta a la medición de la productividad, los costes laborales y los beneficios que traerán la reducción de la jornada laboral, como parece ya se está viendo en el ámbito de la sociedad política, en la que los diferentes partidos hacen propuestas en esa dirección.
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