La Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, regula las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social, así como la prevención de las causas que generan deficiencias y discapacidades. Al ser una Ley de carácter transversal, regulando tanto aspectos en materia de salud, como educación, integración laboral, servicios sociales, protección económica, ocio, cultura, deporte, accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte, en la comunicación y de participación, el desarrollo de los mandatos de dicha Ley requierede planes sucesivos que impulsen y sirvan para el seguimiento de su aplicación.
Así, una vez concluido el I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía (2003-2006), y una vez evaluado, se hacía necesario disponer de un nuevo plan que abordase los ejercicios 2011-2013, al constatarse la necesidad de seguir avanzando en la mejora de la atención a esta población por parte de los poderes públicos, de seguir avanzando en el principio que guía este conjunto de actuaciones en que se plasma el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía,aprobado en Consejo de Gobierno el 10 de mayo de 2011(BOJA 106, 1 de junio de 2011): la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se han de tener en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. La aprobación por el Consejo de Gobierno de este Plan compromete su intervención ante las demandas de las personas con discapacidad.
De ahí que otro principio que caracteriza a este plan sea el diáologo civil, principio por el que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que esteblecen las Leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se dessarrollan en la esfera de las personas con discapacidad.