Sánchez Rubio defiende que la inclusión a través del empleo marcará las políticas sociales de la Junta en la presente legislatura
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que la inclusión a través del empleo marcará las políticas sociales del Gobierno andaluz a lo largo de la presente legislatura. Durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria de Igualdad y Políticas Sociales, Sánchez Rubio ha reiterado su compromiso para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica, y ha señalado que la atención a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social es una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía.
Sánchez Rubio ha recordado que el Gobierno andaluz consoli-dará mediante una nueva Ley el sistema público de servicios sociales de la ciudadanía basada en los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso a todas las personas. Según ha destacado Sánchez Rubio, el desarrollo y la consolidación de un sistema público de servicios sociales es una apuesta decidida del Gobierno andaluz en esta legislatura, para avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales y garantizar el bienestar de todas las personas.
En su intervención, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha criticado la posición del Gobierno de la nación, que ha propiciado la existencia de “una España dual” en la que han aumentado los sectores de la población en riesgo de exclusión.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado en la Cámara algunas de las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para favorecer la inclusión social, y de apoyo a los grupos más vulnerables, con especial incidencia en la infancia y las familias, personas con discapacidad y mayores. En este sentido, Sánchez Rubio ha destacado los decretos ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social y de Inclusión a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía.
La máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha recordado que más de 150.000 personas han resultado beneficiadas con el decreto de exclusión y más de 160.000 se beneficiarán con el decreto de inclusión. Asimismo, Sánchez Rubio ha informado de que se ha contratado a más de 25.000 personas y que 24.000 menores en situación de riesgo se han beneficiado del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que refuerza el programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano. Por otra parte, la consejera ha destacado que otros 27.600 menores y un total de 14.898 familias y 27.526 menores con las ayudas económicas familiares se han beneficiado del Decreto de Inclusión.
Además, se han reforzado las comidas para menores durante la época estival a través de 62 escuelas de verano, una iniciativa que se completa con actividades socioculturales, educativas y lúdicas. De estos servicios se están beneficiando unos 4.500 niños y niñas que están en especial situación de vulnerabilidad.
Otros programas
Igualmente, Sánchez Rubio se ha referido al Programa de Sumi-nistros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, gestionado por los ayuntamientos a través del Decreto de Inclusión, que establece prestaciones de urgencia social y suministros básicos necesarios. Por otra parte, la consejera ha recordado que se han reforzado las acciones dirigidas a las personas mayores, colectivo al que va destinado el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Parti-cipación Activa, que garantiza una alimentación adecuada, talleres y otras actividades beneficiosas para su salud.
Igualmente, a consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha des-tacado “la lucha permanente” de su departamento contra situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social en Zonas con Necesidades de Transformación Social. Con este objetivo, el año pasado se subvencionaron 32 entidades locales, que incluyen 66 Zonas con Necesidades de Transformación Social.
Sánchez Rubio ha reiterado también la apuesta del Gobierno andaluz por un modelo público, equitativo y universal de atención a las personas con problemas de drogodependencias y adicciones, que es posible gracias a 176 dispositivos específicos de acceso universal y gratuito.
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