La consejera en su visita al centro de Cúllar Vega
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado hoy la importancia como instrumentos de lucha contra la violencia de género que tiene la red de atención directa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), al tratarse de la “primera puerta a la que llaman las mujeres cuando sufren maltrato". En este sentido, Sánchez Rubio ha apostado por el mantenimiento y el refuerzo de la misma para avanzar hacia la igualdad de género y la prevención y actuación inmediata ante la violencia machista. Esta red, formada por los centros provinciales (ubicados en las capitales andaluzas) y los centros municipales de información a la mujer (CMIMs), han atendido en el primer semestre del año a un total 61.163 mujeres en toda Andalucía, de las que un 10.378 han acudido por violencia de género. En la provincia de Granada han sido 7.025 las mujeres atendidas en el mismo periodo, 1.738 de las mismas por violencia de género.
La consejera ha visitado hoy el CMIM de Cúllar Vega (Granada), que en los seis primeros meses del año ha atendido 985 consultas, un 12,69% de ellas por violencia machista (11.740 consultas en la provincia granadina y 98.183 en Andalucía). Durante la visita, Sánchez Rubio ha querido agradecer el “gran esfuerzo realizado” por estos servicios municipales de atención a la mujer, cuyo trabajo diario “es imprescindible para la prevención de la violencia de género y para la protección y la total recuperación por parte de las víctimas de una vida normalizada, libre de maltrato”.
Según ha recordado la consejera, estos centros ofrecen a nivel municipal todos los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, desde la información y el asesoramiento personalizado hasta la atención jurídica y psicológica, además de orientación laboral. “Son el recurso más cercano a las mujeres, especialmente en las zonas rurales, donde las usuarias prefieren la cercanía de la atención presencial”, ha señalado Sánchez Rubio, quien ha reiterado el compromiso de la Junta con el mantenimiento de estos servicios municipales pese a la ley estatal de reforma de la administración local, que ponía en peligro dicha atención y que ha sido recurrida por el Gobierno andaluz.
De este modo, el IAM concederá este año 5,2 millones de euros en subvenciones para colaborar en el mantenimiento de los CMIMs, que son gestionados por los ayuntamientos. La red de atención del IAM está formada por los 8 Centros Provinciales de la Mujer ubicados en las capitales de provincia y 163 Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIMs)
La consejera ha reiterado que la prevención de la violencia de género “es una política prioritaria para el Gobierno andaluz, que cada año mantiene y refuerza presupuestos y programas en la materia”. Por ello, ha instado al Gobierno central a mantener esa misma línea estratégica, recuperando los presupuestos estatales en políticas de igualdad, que han sido recortados en un 5% para 2016, acumulando un recorte del 37% desde 2011, y en violencia de género, que registran un 17% menos de inversión respecto al inicio de la legislatura.
Las 61.163 mujeres atendidas por la red de CMIMs y centros provinciales durante el primer semestre del año han realizado un total de 98.183 consultas. Por tipo de atención prestada, en Andalucía el 38% de las consultas fueron de información general (casi el 41% en la provincia de Granada); el 28% de atención jurídica (31,2% en la provincia); el 7% psicológica (10,3% en la provincia) y el 21% de formación y empleo (15% en la provincia).
El caso de Ana Orantes
En Cúllar Vega residía la granadina Ana Orantes, cuyo asesinato a manos de su agresor el 17 de diciembre de 1997 supuso un antes y un después en la lucha contra la violencia de género y en la conciencia social sobre la consideración del maltrato. A raíz de este hecho y poco tiempo después, Andalucía aprobó un plan específico para luchar contra este tipo de violencia ya que hasta ese momento se consideraba una falta y no un delito. El I Plan Andaluz contra la Violencia de Género fue pionero en España en materia de protección a las víctimas y sirvió más tarde de base para la elaboración de la Ley estatal contra la violencia de género.
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