Sánchez Rubio en el Centro de Participación Activa de Mayores de Vícar.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que su departamento está ultimando el Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que próximamente aprobará el Consejo de Gobierno cumpliendo así con lo establecido en la ley de dependencia y el Acuerdo de 16 de enero de 2013 del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El plan reforzará la atención al colectivo con la incorporación de nuevos instrumentos como servicios específicos para las personas reconocidas con Grado I.
Sánchez Rubio ha informado a los medios sobre esta iniciativa durante su visita al Centro de Participación Activa de Mayores de Vícar (Almería), donde ha intercambiado impresiones con las personas usuarias de estas instalaciones y les ha trasladado el compromiso de la Junta de seguir avanzando en mejorar su atención, de forma especial a las personas que están reconocidas con Grado I, reservado para aquellas que necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria o algún otro tipo de apoyo.
En este sentido, el Plan estratégico incluye la atención al Grado I de dependencia, que es efectivo desde el pasado 1 de julio puesto que la ley establecía su implantación progresiva, así como un servicio específico a través del cual se realizarán actividades de grupo que contribuyan a fomentar capacidades comunicativas y de interrelación personal, generación de grupos y otras habilidades sociales.
La consejera ha indicado que para impulsar y agilizar la puesta en marcha del citado servicio se va a recurrir a medios ya consolidados como la Red de Centros de Participación Activa y a instrumentos como convenios de colaboración con corporaciones locales, en los que la Junta de Andalucía asumirá la financiación mientras que las instalaciones y los medios corresponderán a los ayuntamientos.
Sánchez Rubio ha recalcado la importancia de reforzar estos servicios porque el objetivo es dar asistencia a las personas reconocidas con Grado I a través de centros especializados, dando cobertura económica sólo en casos excepcionales. Algunos de estos servicios son una teleasistencia avanzada y actuaciones en los centros de participación activa, centros de día y de terapia ocupacional para personas con discapacidad.
Compromiso con la atención a la dependencia
La máxima responsable de Igualdad y Políticas Sociales ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz para continuar reforzando el sistema de atención a la dependencia ya que "en Andalucía entendemos que es una parte esencial del Estado del Bienestar". En este sentido, Sánchez Rubio ha subrayado que la Junta "va a cumplir sus compromisos a pesar de la dejadez del Estado” que, como ya ha denunciado en ocasiones anteriores, "incumple la obligación financiera con las comunidades autónomas de aportar el 50% que marca la propia ley”.
En este orden de cosas, ha recordado que “este incumplimiento ha dejado fuera del sistema de atención a la dependencia a más de 35.000 andaluces”. Además, ha alertado de que “esta situación puede verse agraviada” por el recorte de 16,4% previsto en el presupuesto estatal para 2016. En total, la consejera ha señalado que Andalucía ha dejado de percibir del Estado en esta materia 508 millones de euros desde el inicio de la legislatura.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha añadido que el andaluz es el único gobierno autonómico que financia completamente el refuerzo de profesionales en las corporaciones locales para el desarrollo de la Ley, así como el cien por cien de la ayuda a domicilio. Desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido cerca de 8.000 millones de euros. Para Sánchez Rubio, “debemos tener en cuenta que el Gobierno Andaluz destina casi lo mismo a dependencia que el Gobierno a todo el país. En concreto, en 2014 Andalucía ha destinado 1.131 millones de euros, prácticamente lo mismo que el Gobierno destina a toda España, que son 1.200 millones”.
Sánchez Rubio ha manifestado que "a pesar de haber paralizado el Gobierno de España la aplicación de la Ley de Dependencia desde el inicio de la legislatura, los esfuerzos de la Junta de Andalucía han permitido la reactivación del sistema de Atención a la Dependencia". En este sentido, la consejera ha recordado que la Junta de Andalucía ha incorporado a más de 30.000 personas beneficiarias en los últimos 18 meses y ha reconocido en este periodo de tiempo más de 47.000 nuevas prestaciones.
En la provincia de Almería la Junta destina a dependencia 95,2 millones de euros (3,9 millones de euros en Vícar), incluidas prestaciones económicas y servicios. Este importe permite atender a 15.575 personas beneficiarias (461 en Vícar), 19.801 prestaciones (571 en Vícar) y prestar servicio de ayuda a domicilio a 4.900 personas (160 en Vícar), además de contar con 3.973 plazas concertadas (236 en Vícar). Hay 10.946 personas con el Servicio Andaluz de Teleasistencia de las que 7.051 (199 en Vícar) son mayores; 3.861 personas en situación de dependencia (99 en Vícar) y 34 personas con discapacidad.
Pacto por la dependencia
La Junta de Andalucía impulsa un pacto por la dependencia en colaboración con profesionales y entidades del sector para que se garantice la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación por parte de las Administraciones Públicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
En este sentido, la máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha reiterado hoy en Almería que el Gobierno andaluz reclamará en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia un Pacto Estatal para la Dependencia, que sea objeto de debate en el Congreso de los Diputados y cuyas líneas básicas blinden los derechos reconocidos, impulse y modifique el sistema de financiación y garantice el cumplimiento del compromiso de financiación a partes iguales entre el Estado de la Nación (50%) y las comunidades autónomas(50%). En la actualidad, Andalucía financia más de un 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22%.
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