Sánchez Rubio reafirma el compromiso de la Junta para consolidar la implantación de la Ley de Dependencia

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía para consolidar la implantación de la Ley de Dependencia, con el objetivo de incorporar al sistema el máximo número de personas que se encuentran en situación de dependencia. Sánchez Rubio ha defendido de hecho la posición de liderazgo de la Comunidad andaluza en cuanto a la aplicación de la ley, todo ello, según ha señalado la consejera, “a pesar de los recortes del Gobierno de Rajoy que se han traducido en una merma de derechos para las personas”.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno andaluz, ha rechazado el “uso partidista” que está haciendo el Partido Popular sobre la aplicación de la ley “con graves acusaciones que sólo se pueden entender en un contexto de fines única y exclusivamente electorales”, poniendo así en riesgo la gestión de la dependencia en Andalucía y sin importarles las consecuencias o los efectos que podrían ocasionar en el conjunto de la sociedad andaluza.
La consejera, que ha comparecido en el Pleno del Parlamento a petición del Grupo Popular para informar sobre este asunto, ha respondido a los argumentos esgrimidos por la oposición con cifras oficiales que indican “claramente” que la Comunidad andaluza es de las que más ha avanzado en el desarrollo de la Ley, y sin embargo también es la que más ha sufrido las consecuencias de los recortes del Estado. En la actualidad el Gobierno de España financia el 22% del sistema andaluz incumpliendo de esta manera el porcentaje del 50% consignado en la Ley.
Sánchez Rubio ha recordado que para Andalucía la dependencia es “uno de los mayores logros en materia social” y por eso comenzó a aplicar la Ley desde el primer instante con “rigor, celeridad y eficacia”. El objetivo era incorporar al sistema el mayor número posible de personas en situación de dependencia, logrando situarse a la cabeza en la estadística nacional. Según ha defendido la consejera, “esto ha sido posible gracias al esfuerzo presupuestario” de la Junta, que no ha dejado de reclamar al Gobierno lo que le corresponde a los andaluces y andaluzas, que son los que están sufriendo las consecuencias de los recortes y la falta de financiación estatal en esta materia.
Asimismo, Sánchez Rubio ha manifestado su desconcierto porque no comprende que un mismo partido, el PP en este caso, actúe de una forma en Andalucía “criticando y cuestionando el sistema de atención a la dependencia de la Junta y que, cuando cruza Despeñaperros, ese mismo partido siga desmantelando el sistema” mediante recortes presupuestarios que, ha señalado, han supuesto “la paralización del desarrollo de la Ley”.
En este sentido, la consejera ha recordado que el Gobierno de España “no sólo ha paralizado y frenado el calendario de aplicación” de la ley, sino que también, entre otras medidas, ha procedido a “suprimir el sistema de altas en la Seguridad Social de las personas cuidadoras”, que en Andalucía afecta a un total 55.000, ha señalado.
María José Sánchez Rubio ha reclamado al PP “que se defina de una vez y abandone la bipolaridad en la que están instalados” y que trabajen a favor de las personas en situación de dependencia de esta Comunidad exigiendo al Gobierno que cumpla la ley como le corresponde. Además, les ha pedido de nuevo que se sumen al Pacto por la Dependencia y que se sitúen al lado de la Junta y de la ciudadanía “en una reivindicación que es justa” puesto que se trata de exigir el cumplimiento de la Ley, ha matizado.
Más recortes del Estado
En otro momento de su comparecencia ha mostrado igualmente su preocupación porque los presupuestos Generales del Estado para 2016 prevén menos ingresos para la dependencia a pesar de que se proclaman como “sociales”, con lo que, según ha señalado la consejera, la legislatura ha acumulado un recorte que alcanza el 16,4%. En este sentido, Sánchez Rubio ha recalcado que las cuentas del Estado para el próximo año consolidan “una desafortunada tendencia” como es la de seguir con los recortes y el abandono de los servicios sociales, puesto que destina 1.300 millones de euros en lugar de los 2.800 inicialmente previstos.
No obstante, y a pesar de este escenario, Sánchez Rubio ha confirmado que la Junta de Andalucía va a mantener su compromiso con las personas que se encuentran en situación de dependencia, por lo que, ha manifestado, el recorte estatal “no se va a traducir en una menor financiación de la administración andaluza”. La consejera ha puntualizado que esta situación no se va a producir porque la preocupación del Gobierno Andaluz es atender al mayor número de andaluces y andaluzas y “poner todo el empeño por salvaguardar un derecho que supone uno de los pilares esenciales del Estado de Bienestar”.
Para evidenciar los esfuerzos realizados por el Gobierno andaluz en la atención de las personas en situación de dependencia, Sánchez Rubio ha indicado que en los últimos 18 meses se ha reducido a la mitad las personas pendientes de valoración, pasando de 50.467 a 23.801 personas, y que se han incorporado al sistema 29.582 nuevas personas beneficiarias y 46.918 prestaciones.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha señalado además que ocho de cada diez euros del presupuesto se destinan a políticas sociales (83%), cantidad que representa casi lo mismo que destina el Gobierno central al conjunto del Estado. Así, en 2014, Andalucía ha destinado 1.131 millones de euros frente a los 1.200 millones del Estado, lo que supone una financiación del 78% por parte de la Junta. Asimismo, Sánchez Rubio ha recordado el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de aumentar en un 10% la partida presupuestaria destinada a la atención de las personas en situación de dependencia a lo largo de esta legislatura.
Dependencia moderada
La consejera ha añadido que, además del compromiso presupuestario, otro “gran reto” en esta legislatura en materia de dependencia es promover la efectiva incorporación al sistema de las personas en situación de dependencia moderada, que, según ha recordado, “ha sido dos veces aplazada por el Gobierno de España”. Para Sánchez Rubio, “ésta es ahora la apuesta y la preocupación del ejecutivo autonómico”, puesto que en este grupo se encuentra una gran mayoría de personas mayores que requieren ayuda para el desarrollo de tareas básicas del día a día. Este recurso se complementará con otros como la ayuda a domicilio, la Teleasistencia Avanzada u otras prestaciones según las peculiaridades de cada situación social y familiar.
Durante su comparecencia, María José Sánchez Rubio ha mostrado también su preocupación por el retraso en la convocatoria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el que participan todas las comunidades autónomas y que, según ha indicado, se iba a celebrar inicialmente el pasado 2 de septiembre para abordar la incorporación al sistema de la Dependencia Moderada, siendo suspendida “sin ofrecernos una fecha alternativa o alguna explicación al respecto”.
Datos de la Dependencia en Andalucía
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha refrendado con datos la posición de liderazgo de Andalucía en cuanto a la atención a las personas en situación de dependencia. Así, Sánchez Rubio ha recordado que desde que se puso en marcha el sistema, la comunidad andaluza ha atendido a cerca de 300.000 personas y ha concedido más de 400.000 prestaciones. En total hay actualmente 163.100 personas beneficiarias (un 22% del total nacional) y 219.100 prestaciones (23% del total nacional). Esto significa que cerca de 1 de cada 4 prestaciones concedidas en toda España se producen en Andalucía; “esto es así ­–ha señalado Sánchez Rubio– porque muchas de esas personas disfrutan hasta de tres prestaciones puesto que en Andalucía es compatible la ayuda a domicilio, por ejemplo, con la unidad de estancia diurna y con la teleasistencia”.
Con respecto al tipo de prestaciones, Sánchez Rubio ha recordado que, del total concedido, el 63,7% están relacionadas con los servicios (en España el 62,1%), y el 36,3% con las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (en España es el 37,9%), lo que supone que en Andalucía se están concediendo proporcionalmente más servicios que la media nacional.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales se ha referido al décimo quinto Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia correspondiente al mes de julio 2015, “entidad absolutamente imparcial y objetiva”, en el que se reconocen los avances de la Comunidad andaluza, que obtiene una calificación de 7,5 sobre 10, mientras que la media nacional se sitúa en 4,88 puntos –sólo cinco comunidades autónomas aprueban–.
Una de las claves del modelo andaluz ha sido el de reforzar el papel de los Servicios Sociales Comunitarios gestionados por las corporaciones locales de Andalucía, para garantizar y facilitar el acceso sin discriminación alguna a los servicios y prestaciones. En este sentido, Sánchez Rubio ha recordado que el andaluz es el único Gobierno autonómico que financia completamente el refuerzo de profesionales en las corporaciones locales para el desarrollo de la Ley, así como el 100% de la ayuda a domicilio.
Con esta finalidad, desde el inicio de la Ley, se han transferido desde la Junta de Andalucía directamente a las corporaciones locales un total de 1.967 millones de euros. Igualmente, a las diputaciones se han destinado 10,29 millones de euros y a los 82 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes un total de 141, 6 millones, para financiar el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales de refuerzo. En total, 141,69 millones de euros desde 2006.
Antes de finalizar, la consejera se ha dirigido al Pleno indicando a los representantes políticos que “vamos a seguir trabajando en clave de futuro para afianzar un tejido productivo robusto”, que ya ha demostrado su capacidad de generar empleo de calidad y estable. En este sentido, ha señalado que la aplicación de la Ley ha generado alrededor de 45.500 empleos relacionados con la dependencia, de los que más de 18.000 corresponden al servicio de ayuda a domicilio, prestado en su mayoría por mujeres.
Por todo ello, y porque “está en riesgo” el sistema, la consejera ha pedido una vez más a todos los partidos que se sumen al Pacto por la Dependencia impulsado desde la Junta de Andalucía, que pueda debatirse en el Congreso de los Diputados y abordar medidas como el apoyo a las personas cuidadoras y el mantenimiento excepcional de las Prestaciones Económicas para cuidados en el entorno familiar.
Por último, Sánchez Rubio ha reiterado la disponibilidad de su Departamento para “hacer todo lo que nos permite la dotación económica y financiera a la que nos ha abocado los recortes del Partido Popular en políticas sociales”.