El Consejo de Gobierno ha acordado proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta de adhesión, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas de los intereses de las personas en situación de dependencia.
El primero de los ejes del acuerdo se dirige a replantear el modelo de financiación del sistema a través de su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de consolidar un marco estable y suficiente que asegure su sostenibilidad.
En segundo lugar, el Ejecutivo andaluz propone el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación de un sector que sólo en Andalucía supone casi 50.000 empleos, todo ello sin detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar y se les pueda proporcionar los cuidados y atenciones que requieren.
Como tercer eje, se plantea el compromiso para asegurar la responsabilidad pública en el sistema, mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección, sin menoscabo de la participación de entidades sin ánimo de lucro y empresas. La propuesta subraya el papel de las corporaciones locales, como administraciones más cercanas al ciudadano, en la prestación de una atención de calidad. En este sentido, solicita la derogación de los artículos de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que atentan contra la capacidad de las diputaciones y los ayuntamientos para seguir siendo puerta de entrada al sistema de servicios sociales.
El Pacto de Estado propuesto por el Gobierno andaluz considera también imprescindible realizar un nuevo baremo de valoración de la dependencia más preciso e idóneo, así como corregir los cambios introducidos por la Administración central en este aspecto.
El quinto de los ejes plantea simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases (solicitud, valoración, programa individual de atención, provisión del servicio y seguimiento), de manera que el plazo total no supere los seis meses.
Otros dos objetivos planteados se dirigen a impulsar la efectiva coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, así como recuperar los mecanismos de participación y transparencia que, a juicio del Consejo, han sido cercenados por los sucesivos recortes en la actual legislatura.
Como último eje, la Junta propone que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo andaluz señala que las modificaciones legales y los recortes adoptados de forma unilateral generan inseguridad en personas, instituciones y empresas del sector.
Medidas urgentes
Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta plantea al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50% del coste total del sistema, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22%. Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (en un 94% mujeres), suprimida por un real decreto de 2012.
Según los datos publicados recientemente por el Imserso, correspondientes a 31 de octubre, Andalucía atiende a 179.413 personas en situación de dependencia, que se benefician de 234.049 prestaciones. Respecto al mes anterior, el incremento es del 10%, frente al 2% del resto de las comunidades.
El Consejo subraya que Andalucía ha sostenido el sistema prácticamente en solitario, pese a que los recortes del Gobierno de España han provocado una pérdida de financiación de 508 millones de euros a lo largo de la legislatura. Según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Ejectutivo andaluz viene aportando el 78% de los recursos frente al 22% del Estado, cuando la ley plantea un reparto al 50%. El presupuesto de la Junta para dependencia supera este año los 1.131 millones de euros, cantidad similar a la que anualmente destina el Estado para todo el país (1.200 millones).
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