El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección. La norma sistematiza la organización y gestión de esta iniciativa que la Junta y las entidades locales desarrollan desde el año 2000 para evitar la separación del entorno familiar y reducir el número de tutelas por parte de la Administración. Se da así rango normativo a un modelo de atención consolidado en los últimos 15 años, aunque modificando su sistema de financiación para hacerlo más estable y garantizar el respeto a la autonomía local.
Como principal novedad, el decreto sustituye el vigente mecanismo de subvenciones a las entidades por otro de transferencias. Con este cambio, demandado por el Consejo Andaluz de Concertación Local, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales recibirán una aportación anual prevista en el presupuesto autonómico para esta materia y, por tanto, no sujeta a solicitud. Los recursos se distribuirán teniendo en cuenta criterios objetivos tasados, como el número y la composición de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) que participan en el programa, adscritos a las entidades locales.
La Junta destina este año un total de 13,5 millones de euros a financiar la actividad de los 143 ETF que funcionan en la comunidad autónoma, integrados por 550 profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y la Educación Social (461 técnicos y 89 coordinadores). La colaboración se materializa a través de 90 convenios, de los que 82 corresponden a municipios de más de 20.000 habitantes y los ocho restantes a las diputaciones provinciales, encargadas de las localidades de menor población.
Además del modelo de financiación, el decreto introduce como novedad que los ETF deberán abordar de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido. Igualmente, colaborarán con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.
Los ETF actúan en el propio ámbito familiar con el objetivo básico de mitigar los factores de riesgo de exclusión social que pueden desembocar en la separación de los menores y su consiguiente tutela por parte de la Administración. De acuerdo con el modelo de organización que recoge el decreto, la Junta se encarga del diseño del general de las actuaciones y del soporte técnico y financiero a las entidades locales.
La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos cinco años un descenso del 11,48% en el número total de tutelas de menores por parte de la Administración, que han pasado de 6.149 en 2010 a las 5.473 de 2014. En este último ejercicio, los equipos atendieron a 6.265 familias, casi un 3% más que el anterior (6.086). La cifra de menores beneficiados alcanzó la cifra de 11.965, frente a los 11.812 de 2013.
Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.
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