La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado al Pleno del Parlamento sobre los cambios que ha introducido la Junta en la regulación del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección, con el objetivo de optimizar el actual sistema de gestión y financiación. En este sentido, se eleva a rango de decreto el modelo de atención que están desarrollando desde el año 2000 el gobierno andaluz junto con las entidades locales, para evitar la separación de menores del entorno familiar y reducir el número de tutelas por parte de la Administración.
La consejera ha Indicado, en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista, que la principal novedad del decreto es que sustituye el vigente mecanismo de subvenciones a las entidades por otro de transferencias, dando así respuesta a una demanda del Consejo Andaluz de Concertación Local. De este modo, a partir de ahora los ayuntamientos y las diputaciones provinciales recibirán una aportación anual prevista en el presupuesto autonómico para esta materia y, por tanto, no sujeta a solicitud, con lo que se garantiza una mayor autonomía local en esta materia.
Además del modelo de financiación, otra novedad es que los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) deberán abordar de forma específica la problemática de la violencia familiar y colaborar con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación. En este sentido, Sánchez Rubio ha subrayado que los ETF actúan en el propio ámbito familiar para mitigar los factores de riesgo de exclusión social, que puedan dar lugar a la separación de los menores y su consiguiente tutela por parte de la Administración.
En su respuesta ante el Pleno, ha recordado que la Junta ha destinado este año 13,5 millones de euros para financiar la actividad de los 143 Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) existentes y que están integrados por 550 profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y la Educación Social (461 técnicos y 89 coordinadores). La colaboración de la Junta se materializa a través de 90 convenios, de los que 82 corresponden a municipios de más de 20.000 habitantes y los ocho restantes a las diputaciones provinciales, que son las encargadas de las localidades de menor población.
Por último, Sánchez Rubio ha hecho hincapié en la labor preventiva que realizan los equipos de tratamiento, gracias a la cual, en los últimos cinco años se ha registrado un descenso del 11,48% en el número total de menores tutelados por la Administración, pasando de 6.149 en 2010 a 5.473 en 2014. En este último ejercicio, los equipos han atendido a 6.265 familias, casi un 3% más que el anterior (6.086). En total, el año pasado se han beneficiado de esta medida 11.965 menores frente a los 11.812 de 2013.
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