Foto de archivo de la consejera en visitando un centro de participación activa
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abonado esta semana más de 182 millones de euros para la financiación del servicio de ayuda a domicilio y la atención resi-dencial en materia de dependencia, de los que más de 146 son para corporaciones loca-les. Además de estos importes, y sólo en el último trimestre, el departamento dirigido por María José Sánchez Rubio ha destinado más de 405 millones de euros a personas usua-rias, entidades del tercer sector y corporaciones locales. La consejera ha subrayado que con la liquidación de estas facturas se han beneficiado más de 179.000 personas y 1.280 entidades sociales.
En lo que respecta a los pagos realizados en 2015, Sánchez Rubio ha destacado que la cantidad asciende a más de 1.000 millones de euros, de los que 327 corresponden a prestaciones económicas, más de 317 millones a atención residencial y unidades de día del tercer sector, y un total de 252 millones a corporaciones locales que gestionan el ser-vicio de ayuda a domicilio (196,4 millones), atención residencial (45,4 millones) y el per-sonal de refuerzo en los servicios sociales comunitarios para atención a la dependencia (10,2 millones).
Sánchez Rubio ha destacado que la Junta de Andalucía está realizando estas liqui-daciones de facturas a pesar de los recortes llevados a cabo por la Administración central, “que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012” y que financie el 78% de la inversión total asociada a esta prestación, “en contra del com-promiso de cofinanciación al 50% que recoge la propia ley de Dependencia”.
Para la consejera, la Junta de Andalucía tiene un “firme compromiso” con el siste-ma de Dependencia, como lo muestra que la Comunidad andaluza cuenta con 233.993 prestaciones concedidas para 179.590 personas, el 23,5% de las personas beneficiarias en el conjunto de España. Asimismo, 48.625 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domi-cilio, lo que representa el 33% del total nacional, mientras que otras 69.500 son usuarias del Servicio de Teleasistencia (la mitad del conjunto de España).
En los presupuestos andaluces de 2016 se consignan 1.160 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia en esta comunidad, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.262 millones). Esta inversión, que en un 53,8% se destina a financiar a ayuntamientos y diputaciones, permitirá cubrir una oferta de 42.400 plazas concertadas para mayores y personas con discapacidad en atención re-sidencial y estancia diurna, así como una previsión de más de 26 millones de horas de servicio de ayuda a domicilio.
Pacto de Estado
El Consejo de Gobierno acordó recientemente proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes socia-les, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades re-presentativas.
Los ocho ejes se centran en replantear el modelo de financiación del sistema a tra-vés de su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación del sector sin detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar; asegurar la responsabilidad pública en el sistema mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección; realizar un nuevo baremo de valoración más preciso e idóneo; simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases, de manera que el plazo total no supere los seis meses; mejorar los mecanismos de participación y la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, y asegurar que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que evi-ten su debate en el Congreso de los Diputados.
Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta de Andalucía ha planteado al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50% del coste total, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22%. Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (mujeres en un 94%), que fue su-primida por un real decreto en el año 2012.
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