La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha visitado esta mañana la residencia “Los Olivares” de La Carolina, junto a la alcaldesa de este municipio, Yolanda Reche, un centro de titularidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que cuenta con un total de 71 plazas residenciales, de las que 35 están disponibles para personas mayores con riesgo de exclusión social.
Sánchez Rubio ha destacado “la apuesta de la Junta de Andalucía por la atención integral y de calidad a nuestras personas mayores, especialmente las más vulnerables”. Igualmente, la consejera ha señalado que “la administración andaluza ha demostrado con el Decreto de Inclusión Social el apoyo indiscutible hacia la población que más necesita apoyo público en este momento”.
La residencia para personas mayores “Los Olivares” dispone de la infraestructura necesaria para la atención de quienes, por el progresivo deterioro de sus condiciones físicas o psíquicas, no pueden desarrollar por sí mismos sus actividades básicas de la vida diaria. De igual modo, este centro de la Junta de Andalucía atiende a personas que se encuentran en situación de exclusión social.
El centro cuenta con un presupuesto anual de 2,8 millones de euros. Con respecto a la plantilla, un total de 70 trabajadores y trabajadoras, Sánchez Rubio ha subrayado su “alto grado de profesionalización, que persigue un único objetivo, el bienestar de las personas mayores”.
Amplia oferta de plazas
La consejera ha señalado que la Junta de Andalucía dispone de un total de 42.440 plazas concertadas en residencias y centros de día de la comunidad autónoma, de las cuales más de 27.850 están destinadas a personas mayores. En la provincia de Jaén funcionan unas 4.197 plazas concertadas en residencias y centros de día, de las cuales 2.951 son de personas mayores.
Sánchez Rubio ha destacado el “firme compromiso” del Gobierno andaluz con el sistema de Dependencia, como lo muestra que la Comunidad andaluza cuente con 233.993 prestaciones concedidas para 179.590 personas, el 23,5% de las personas beneficiarias en el conjunto de España. Asimismo, ha recordado que 48.625 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa el 33% del total nacional, mientras que otras 69.500 son usuarias del Servicio de Teleasistencia (la mitad del conjunto de España).
En los presupuestos andaluces de 2016 se van a destinar 1.160 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia en esta comunidad, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.262 millones). El 53,8% de la inversión se destina a financiar recursos gestionados por ayuntamientos y diputaciones.
En lo que respecta a los pagos realizados en 2015, Sánchez Rubio ha destacado que la cantidad asciende a más de 1.000 millones de euros, de los que 327 corresponden a prestaciones económicas, más de 317 millones a atención residencial y unidades de día del tercer sector, y un total de 252 millones a corporaciones locales que gestionan el ser-vicio de ayuda a domicilio (196,4 millones), atención residencial (45,4 millones) y el personal de refuerzo en los servicios sociales comunitarios para atención a la dependencia (10,2millones).
Sánchez Rubio ha destacado que la Junta de Andalucía está realizando estas liquidaciones de facturas a pesar de los recortes llevados a cabo por la Administración central, “que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012” y que financie el 78% de la inversión total asociada a esta prestación, “en contra del compromiso de cofinanciación al 50% que recoge la propia ley de Dependencia”.
Pacto de Estado por la Dependencia
La consejera ha recordado asimismo que el Consejo de Gobierno acordó recientemente proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes socia-les, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas.
Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta de Andalucía ha planteado al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50% del coste total, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22%. Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (mujeres en un 94%), que fue suprimida por un real decreto en el año 2012.
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