La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha condenado hoy los asesinatos machistas perpetrados en "los pocos días que llevamos de año", que se suman a las más de 800 mujeres víctimas asesinadas por sus agresores en los últimos doce años en España, y ha instado "de manera urgente" al Gobierno central en funciones a actuar "ante un espeluznante problema social que no puede esperar", y que requiere de una respuesta "unánime" de toda la sociedad y las instituciones, sea cual sea su color político, "sin debates ni fisuras". En este sentido, Sánchez Rubio ha adelantado que su consejería ha solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad, con el único punto en el orden del día de debatir la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género.
Según ha recordado la consejera, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de noviembre una propuesta de Pacto de Estado, ante "la falta de reacción por parte del Gobierno central y de los recortes estatales de la última legislatura en materia de igualdad de género y prevención de la violencia machista". Un documento que invita a todas las instituciones y a la ciudadanía a adherirse y actuar de manera conjunta, "sin debates obsoletos", ya que la violencia de género es una lacra reconocida por la ONU como la mayor vulneración de los derechos humanos de las mujeres.
La propuesta andaluza plantea entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17%; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales, y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer estatal. La Junta también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.
En el ámbito de la sensibilización, investigación y prevención, el texto incide en el fomento de una red de colaboración ciudadana con especial implicación de los medios de comunicación y del sector publicitario. Asimismo, plantea la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta violencia y en la integración de la perspectiva de género en todas las etapas académicas, con el fin de revertir los estereotipos sexistas y violentos, así como una formación especializada a los profesionales de la educación, la justicia, la seguridad, la salud y la comunicación.
En cuanto a la atención integral a las víctimas, se propone establecer protocolos de intervención específicos y, en materia institucional, profundizar en la cooperación de las administraciones autonómica, estatal y local; introducir la participación de asociaciones; promover protocolos y planes estratégicos, y crear una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de objetivos.
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