La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que la Junta de Andalucía garantiza el Programa de Tratamiento a Familias que atiende actualmente a 12.000 menores en situación de riesgo o desprotección en esta comunidad. Así lo ha manifestado al informar de la suscripción de 90 convenios entre su Departamento y todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes junto con las ocho Diputaciones Provinciales por un importe de más de 18 millones de euros. Según ha señalado la consejera, estos convenios aportan como novedad la garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local.
Sánchez Rubio ha firmado hoy los convenios con la Diputación de Granada y los municipios de más de 20.000 habitantes de esta provincia, cuya financiación se realizará por transferencias corrientes por un importe de 3,4 millones de euros, de los que más de 1,6 corresponden a la Diputación Provincial.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha explicado que “este Programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores”. Para Sánchez Rubio, “la finalidad es preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores”.
Durante la firma de los convenios, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado que “con este Programa perseguimos alcanzar objetivos muy concretos, tales como mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o la menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora”.
La Junta destinará en el periodo de enero de 2016 a abril de 2017 más de 18 millones de euros para financiar la actividad de los 142 Equipos de Tratamiento Familiar (18 en la provincia de Granada) que funcionan en la comunidad autónoma, integrados por 546 profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y la Educación Social (456 técnicos y 90 coordinadores).
Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) atienden cada año en Andalucía a más de 6.000 familias (más de 600 en la provincia de Granada) y unos 12.000 menores (1.500 en la provincia de Granada). Sánchez Rubio ha explicado asimismo que los ETF “atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos”.
Entre las finalidades de los profesionales se encuentra posibilitar el retorno del menor a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores por parte de la Administración.
Sánchez Rubio ha señalado que recientemente la Junta de Andalucía ha publicado un nuevo Decreto para regular y gestionar este Programa de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o desprotección. De esta manera se da rango normativo a un modelo de atención consolidado en los últimos 15 años, aunque modificando su sistema de financiación para hacerlo más estable (se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias) y garantizar el respeto a la autonomía local.
Además del modelo de financiación, el decreto introduce también como novedad que los Equipos de Tratamiento Familiar deberán abordar de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido. Igualmente, colaborarán con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.
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