La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado hoy al Gobierno central a que se adhiera a la propuesta de Pacto de Estado aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, “un acuerdo más necesario que nunca ante un espeluznante problema social que no puede esperar. Nuestra sociedad no se puede permitir que cuando no llevamos ni siquiera un mes de 2016, ya tengamos ocho mujeres asesinadas”.
Sánchez Rubio ha señalado que “este problema requiere de una respuesta unánime de toda la sociedad y las instituciones, sea cual sea su color político, sin debates ni fisuras”. La consejera ha recordado que su departamento ha solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad, con el único punto en el orden del día de debatir la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género.
En el día de ayer, el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano que da voz y participación en las políticas públicas de igualdad de género de la Junta a las 2.193 asociaciones y federaciones de mujeres que existen en Andalucía, aprobó su adhesión a la propuesta andaluza de Pacto de Estado, reclamando “la aplicación inmediata” de las medidas previstas, ya que las mujeres víctimas y sus hijas e hijos, “que también son víctimas directas”, “precisan de una protección y un respaldo sin esperas, sin partidismos y sin diferencias territoriales en la red de servicios”.
La propuesta, abierta también a las aportaciones del Gobierno central, agentes sociales e institucionales y colegios profesionales plantea entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17%; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales, y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer estatal. La Junta también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.
En el ámbito de la sensibilización, investigación y prevención, el texto incide en el fomento de una red de colaboración ciudadana con especial implicación de los medios de comunicación y del sector publicitario. Asimismo, plantea la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta violencia y en la integración de la perspectiva de género en todas las etapas académicas, con el fin de revertir los estereotipos sexistas y violentos, así como una formación especializada a los profesionales de la educación, la justicia, la seguridad, la salud y la comunicación.
En cuanto a la atención integral a las víctimas, se propone establecer protocolos de intervención específicos y, en materia institucional, profundizar en la cooperación de las administraciones autonómica, estatal y local; introducir la participación de asociaciones; promover protocolos y planes estratégicos, y crear una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de objetivos.
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