La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía han permitido que en los últimos años se haya amortiguado los efectos de la pobreza en las familias. Concretamente, el impacto de las transferencias sociales de Andalucía supuso, en 2012, que se haya atenuado un 13% del riesgo de pobreza, del 16% en 2013 y del 17,7% en 2015. Así lo ha señalado durante su comparecencia por iniciativa propia para informar sobre las políticas de infancia de su departamento.
Sánchez Rubio ha recordado durante su intervención que “en Andalucía se han consolidado y reforzado los servicios y recursos de atención a la infancia y las familias con especial atención a las familias con menores en riesgo de exclusión social y prueba de ello es que la Consejería de Igualdad ha invertido en políticas sociales relacionadas con la infancia en los últimos tres años 630 millones de euros, a pesar de los recortes del Gobierno Central y la situación económica por la que estamos atravesando, que nos ha obligado a implementar medidas específicas para reducir la tasa de pobreza infantil en Andalucía”.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha informado que las medidas recogidas en la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil han beneficiado a 131.000 menores en 2015. Esta Alianza ha permitido aunar esfuerzos contra la exclusión social de los menores y configurar una red de trabajo y protección a los menores por parte de administraciones públicas, organizaciones de la iniciativa social, agentes sociales y económicos y el tejido financiero de Andalucía.
La Junta de Andalucía invierte en 2016 un total de 146,6 millones a políticas sociales relacionadas con la infancia que dan continuidad a las actuaciones ya realizadas. Por ejemplo, se ha mantenido el refuerzo en la alimentación infantil con tres comidas en los colegios públicos del que en este curso se están beneficiando más de 25.000 menores. Esta iniciativa está incluida dentro del Decreto de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, una norma de carácter extraordinario que ha permitido poner en marcha medidas como éstas durante varios años consecutivos.
Además, el Programa de Ayudas Económicas Familiares viene a complementar también el conjunto de acciones para la atención a las necesidades básicas de alimentación de los menores. En 2015 se destinaron más de 6 millones de euros que beneficiaron a un total de 28.000 menores, mientras que con el Programa de Ayuda a la Contratación, han sido unos 30.000 menores y cerca de 43.000 gracias a las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Durante su comparecencia parlamentaria, La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado que “la apuesta por las medidas de prevención y apoyo a las familias, especialmente a las más vulnerables, una de nuestras señas de identidad, han conseguido disminuir significativamente el número de menores con los que se tiene que adoptar una medida de protección”. Además, ha destacado que “la especialización y solvencia técnica de los Equipos de Tratamiento Familiar atienden anualmente a más de 6.000 familias con menores en situación de riesgo social, y neutralizan en la mayoría de los casos, la amenaza de la medida protectora.
Por otro lado, “el acogimiento familiar de los menores ha sido uno de los objetivos prioritarios de los últimos años. Más de 4.000 menores en el último año han disfrutado de una familia acogedora. Para ello, se ha contado con un importante incremento presupuestario. Además, la prevención de la exclusión social en las personas jóvenes extuteladas, también todo un reto que desde la Junta de Andalucía se viene abordando con unos resultados de inserción social y laboral superiores a los de este mismo grupo de edad en situación de normalidad”, ha señalado Sánchez Rubio.
La consejera ha querido también poner en valor la formación y especialización de los profesionales como pieza clave en el sostenimiento de las políticas de infancia y la atención a las familias. Por ejemplo, ha destacado la guía destinada a los profesionales del sistema educativo para la atención de alumnos que proceden del sistema de protección de menores, y que les permite conocer las necesidades de los niños y niñas del sistema de protección, a entender los comportamientos que pueden presentar en el centro y ofrecerles pautas de actuación a seguir al objeto de que puedan recibir una educación que favorezca su pleno desarrollo e integración en la comunidad.
Sánchez Rubio ha informado también del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que “garantizará los derechos de los niños y las niñas de manera que sean sujetos activos de su propio desarrollo, reciban el apoyo y protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones en igualdad de oportunidades y de acceso a la salud, educación, servicios sociales, participación y ocio, independientemente del lugar del territorio en el que resida, su condición de género, origen cultural o discapacidad”.
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