La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado la labor y proximidad que desempeñan los más de 27.7000 profesionales de Trabajo Social en Andalucía con las personas que más lo necesitan, un papel que se verá reforzado con la próxima Ley de Servicios Sociales. La consejera se ha pronunciado así en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde ha intervenido en el Acto del Día Internacional del Trabajo Social organizado la institución universitaria y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla, con la participación del rector de la UPO, Vicente Guzmán, y el presidente del Colegio, Gonzalo Cañestro.
Sánchez Rubio ha destacado que actos como éste contribuyen a “visibilizar la relevancia social de la profesión y a reconocer su compromiso con los derechos humanos y con el cambio social que necesitamos para que todas las personas, en igualdad de oportunidades, puedan hacer efectivo su propio proyecto vital”. En este sentido, ha matizado que “la profesión de trabajo social es un potente agente para este cambio porque trabaja sobre las relaciones entre las personas y su entorno”.
Según ha indicado, los Servicios Sociales Comunitarios atienden cada año, a través de unos 27.700 profesionales, a aproximadamente 1.100.000 andaluces y andaluzas. Por su parte, el sistema de Dependencia atiende a 178.700 personas en Andalucía.
En su intervención, la responsable de los servicios sociales en Andalucía ha recordado que el lema del Día Internacional del Trabajo Social ‘Promover la dignidad y el valor de las personas’ “resume perfectamente el espíritu del proyecto de Ley de Servicios Sociales” que próximamente iniciará su tramitación parlamentaria.
En concreto, la norma reconoce la figura del profesional de referencia que se encargará de dar una atención continua e integral a la persona usuaria, que podrá ser atendida, si fuera preciso, en su propio domicilio. Sánchez Rubio ha destacado el “avance significativo” que experimentará la atención en materia de servicios sociales con la “implantación del profesional de referencia”, una “pieza clave porque cualquier persona podemos necesitarla en algún momento de nuestra vida”.
Para la consejera la nueva ley es “una norma justa y necesaria, que sitúa nuevamente a Andalucía la cabeza de nuestro país en derechos y bienestar social”. Ha agradecido a los profesionales del trabajo social sus aportaciones y sugerencias al proyecto de ley, que ha contando con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, diferentes departamentos de la administración de la Junta de Andalucía, colegios profesionales, agentes económicos y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil.
Refuerzo de los profesionales
La consejera ha recordado que la próxima Ley, además de blindar derechos de ciudadanía, asegura y refuerza las competencias de las entidades locales en materia de servicios sociales, que con la reforma de la administración local estaban condenados a desaparecer. Por el contrario, la Junta va a seguir trabajando con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias mientras la Ley se debate en el Parlamento porque “son las entidades locales el primer organismo al que acuden las familias en caso de necesidad”.
Igualmente ha resaltado como aspecto novedoso que, en el plazo de un año desde su aprobación, deberá elaborarse un catálogo de prestaciones en el que se definirán las garantizadas, es decir, aquellas que se establecen como derecho subjetivo de la ciudadanía, y las condicionadas, sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca.
Del mismo modo ha señalado que la ley va a suponer la consolidación de un verdadero sistema público de servicios sociales de Andalucía, que se estructurará en dos niveles: el de los servicios sociales comunitarios y el de los especializados. Además, fomentará la participación de entidades sociales y de personas de forma individual a través de herramientas como las redes sociales.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales se ha referido también a “dos instrumentos técnicos necesarios que establece la Ley, la tarjeta social y la historia social digital única”, así como a la elaboración de un mapa de servicios sociales de Andalucía.
Por último, la consejera ha reiterado su apoyo al colectivo de trabajadores sociales cuya labor se verá respaldada con la nueva ley, que sitúa a la persona en el epicentro de la acción, reconociendo el gran trabajo que realizan los y las profesionales de esta materia.
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