En ocasiones el drama de la población siria se ha visto reducido a la dura realidad de cientos de miles de refugiados vagando sin rumbo ni destino hasta las puertas de nuestra vieja Europa. Sin embargo, este drama humanitario no puede hacernos olvidar a los millones de sirios y sirias que han tenido que abandonar su hogar pero han tenido que permanecer en un país, el suyo, donde una guerra civil indiscriminada está acabando con su presente y embargando su futuro.
A los más de cinco millones de refugiados que han tenido que huir de Siria hay que unirle los más de 8 millones de desplazados internos que hoy se encuentran en una situación de bloqueo humanitario. Nadie debería en pleno siglo XXI tener que sufrir esta situación de desamparo y vulneración de los derechos fundamentales.
La población Siria refugiada y desplazada sufre hoy en día una doble condena. Por un lado, una guerra que les mantiene cautivos en un país sin esperanza, y por otro, una Europa que les niega su derecho a huir de un conflicto armado que atenta contra su propia vida. La comunidad internacional no puede permanecer impasible ante esta situación de desamparo.
La solidaridad de los países limítrofes con Siria: Turquía, Líbano, Jordania e Irak, contrasta con la sinrazón del bloqueo Europeo. Una situación que esta llevando incluso al bloqueo de los servicios de atención de Grecia que no ha dispuesto de los recursos necesarios para atender con la mayor de las dignidades a los cientos de miles sirios y sirias que jugándose la vida consiguen llegar hasta las costas de la tierra prometida.
Al fracaso de las autoridades europeas y los Estados miembros que la componen, por no cumplir con el llamamiento de Naciones Unidas para la reubicación de refugiados y al incumplimiento de sus propias decisiones de acoger a 160.000 refugiados en los distintos países de la UE, no se le puede unir la falta de una acción humanitaria que palie las necesidades básicas de una población asolada por un guerra que ya dura más de cuatro años. Es necesario que junto a la atención a los refugiados, la comunidad internacional y en especial la UE avancen en la pacificación de Siria y se comprometan a iniciar cuanto antes la reconstrucción del país.
Desde las diferentes administraciones públicas autonómicas y municipales se han puesto en marcha iniciativas que permitan acelerar el procedimiento de acogida adoptado por la Comisión Europea, pero la falta de coordinación y lentitud del Gobierno Español está haciendo que la resolución de este problema se alargue más de los deseable.
Las Comunidades Autónomas en el marco de nuestras competencias y a través de las políticas de cooperación al desarrollo, estamos haciendo frente a esta situación apoyando diferentes acciones humanitarias con organizaciones que trabajan sobre el terreno. Estas actuaciones no sustituyen a la acción que debe enfrentar con contundencia los Gobiernos de los Estados miembros, y especialmente España, sino que debe suponer una solución a la crisis y al problema de asilo derivado de esta, contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de la población Siria que sigue en la zona.
Nuestra labor, es el reflejo de la solidaridad del pueblo español, es el sentir de una ciudadanía que demanda que las administraciones públicas comprometamos recursos para atender esta crisis humanitarias. Así lo hicimos y así seguimos haciéndolo a pesar de que el Gobierno español no quiera ni reconocer esta realidad humanitaria, ni los derechos que amparan a los refugiados que huyen de una guerra.
Las Comunidades Autónomas firmantes de este manifiesto sumamos más de 27 proyectos de acción humanitaria en Siria y los países limítrofes. Actuaciones en temas tan perentorias como: la atención a los niños y niñas, el suministro de mantas, kits de higiene, tiendas de campaña, alimentos, la asistencia obstetrica y ginecológica, facilitando el acceso a agua potable y lo más importante velando por la seguridad de las personas desplazadas y refugiadas. Pero todo esto además ha sido gracias a la colaboración de las ONGD y las agencias de Naciones Unidas: UNICEF, Save the Children, UNRWA, ACNUR, Movimiento por el desarme y la libertad (MPDL), Cruz Roja Española y Acción contra el Hambre, Mensajeros de la Paz, Comité de solidaridad con la causa Árabe…
La ciudadanía española es y siempre ha sido una sociedad solidaria y comprometida con la lucha por las desigualdades y los derechos humanos. Las Comunidades Autónomas hemos actuado desde el minuto cero en llevar la solidaridad de nuestros pueblos hasta el conflicto. Las agencias de Naciones Unidas y las Organizaciones no Gubernamentales están día a día trabajando tanto en España, creando las condiciones para la acogida de los refugiados, como en Siria y en los países de recogida y tránsito de los refugiados. Sin embargo, el Gobierno de España no está cumpliendo ni a nivel interno, ni externo, sus compromisos y obligaciones humanitarias e internacionales de atención y acogida de los refugiados.
Por todo ello, las Comunidades firmantes exigimos al Gobierno de España que cumpla con su cometido y establezca una línea prioritaria de ayuda humanitaria y atención a los refugiados en origen a la vez que acepta y permite la entrada de los 17.700 refugiados que se comprometió a reubicar de manera urgente.
Este escrito firmado conjuntamente por las comunidades autónomas de: Andalucía, Extremadura, Cantabria, Castilla la Mancha, Islas Baleares, Asturias y Valencia.
María José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
José Ángel Calle Suárez, Director General Agencia extremeña de cooperación internacional para el desarrollo AEXCID
Ramón Ruiz Ruiz, Consejero de Educación, Cultura y Deporte Gobierno de Cantabria
Aurelia Sánchez Navarro, Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla la Mancha
Fina Santiago Rodríguez, Consellera de Serveis Socials i Cooperació Govern de les Illes Balears
Guillermo Martínez Suárez, Consejero de Presidencia y participación ciudadana Principado de Asturias
Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparencia, Participación, Responsabilidad Social y Cooperación de la Generalitat Valenciana.
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