La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado como prioridad para Andalucía la aplicación del Programa de Actuación Integral en zonas desfavorecidas cuyo objetivo es mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y que en este año tiene un presupuesto de más de 16 millones de euros para su aplicación. Un programa que está dotado con casi 170 millones de euros en el periodo 2016-2020. Así lo ha expuesto la consejera de Igualdad y Políticas Sociales en Málaga, donde ha intervenido en unas jornadas sobre la pobreza invisible organizadas por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Aludiendo al lema de las jornadas ‘La pobreza invisible’, la consejera ha indicado que ésta “es la consecuencia más directa y evidente de estos largos y duros años de una crisis económica y financiera que ha afectado a multitud de familias que, tras perder sus empleos y viviendas, se han encontrado en una situación que jamás habrían podido imaginar” y donde ha querido resaltar “el importante trabajo que se ha venido realizado en colaboración con la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Mesa del Tercer Sector”.
Por todo esto, Sánchez Rubio ha destacado que en Andalucía se han reforzado las políticas para la inclusión social y el apoyo a la infancia y las familias con medidas extraordinarias y urgentes como el Programa de Ayuda a la Contratación, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, el de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social o el Programa de Solidaridad, entre otros. Unas iniciativas puestas en marcha por el gobierno andaluz que han beneficiado a más de 150.000 personas y que han supuesto una inversión global de 150 millones de euros.
Alianza contra la pobreza
Sánchez Rubio también ha reiterado en su intervención el compromiso del Ejecutivo andaluz con la infancia mediante la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, una iniciativa que pretende movilizar al conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas “con un único y gran objetivo, como es el bienestar de nuestros menores y protegerlos de la pobreza”. Ha añadido que, gracias a iniciativas como ésta, “tanto la Junta de Andalucía como diversas entidades y organizaciones de la sociedad civil han reaccionado para tratar de paliar los efectos negativos de la crisis”.
De hecho, según ha informado, los primeros resultados de las medidas incluidas en la Alianza Contra la Pobreza Infantil en 2015 han beneficiado a más de 130.000 menores. Asimismo, las transferencias o prestaciones sociales han contribuido a reducir 17,7 puntos porcentuales la tasa de pobreza infantil relativa de Andalucía en 2014.
Sánchez Rubio ha aclarado que de no ser por estas actuaciones “el riesgo de pobreza alcanzaría al 45,6% de las personas menores de 16 años”. Es decir, la eficacia de las transferencias en la reducción del riesgo de pobreza infantil se ha triplicado en los últimos años en Andalucía, siendo mayor que en España, ha puntualizado.
Un paso más
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado también en su intervención que la Junta ha dado “un paso más” en la atención de las necesidades urgentes con la aprobación del Proyecto de Ley de Servicios Sociales, una norma que reconoce y blinda un amplio abanico de derechos de la ciudadanía y que consolida el sistema de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar.
La consejera ha advertido de que “la ley se aprueba en un momento mucho más complicado que los textos anteriores de otras comunidades autónomas” y, por tanto, hay que entenderlo como un ejercicio de voluntad política y compromiso con la ciudadanía. Ha recordado que la futura norma legal consolida la naturaleza del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y “aborda las realidades más complejas ante las que nos podemos enfrentar como ciudadanos y ciudadanas”.
Por último, ha apelado al “esfuerzo conjunto” de todas las administraciones públicas para evitar con todos los medios posibles “situaciones de pobreza, ya sea invisible o no. Algo que el Gobierno andaluz asume por convicción y por acción, desde la creencia que las políticas sociales contribuyen a la cohesión social y a mantener la red de solidaridad y protección social”, ha concluido.
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