El Consejo de Gobierno ha aprobado el III Plan Andaluz de Drogas y Adicciones 2016-2021, con una previsión presupuestaria de casi 37 millones de euros anuales para garantizar una red pública asistencial de acceso universal y gratuito para las personas con este tipo de problemas.
La nueva estrategia consolidará y actualizará las políticas llevadas a cabo desde 2002 en el marco del anterior plan, dando especial prioridad a la población comprendida en las franjas de edad de la adolescencia y la juventud, que concentran los consumos más problemáticos y a la que se destinan programas para evitar o retrasar el contacto con las sustancias adictivas. Se reforzará la prevención selectiva para grupos en situación de riesgo a través de las familias, los talleres de formación y las comunidades terapéuticas, así como así como la denominada 'prevención indicada' para las personas ya iniciadas en el consumo pero que aún no tienen dependencia. En estos supuestos se prestarán tratamientos específicos en centros.
Tanto en la financiación como en su desarrollo del plan participarán las consejerías de Educación, Salud, Igualdad y Políticas Sociales y Justicia e Interior. En la elaboración del texto han participado más de 400 profesionales, instituciones, agentes sociales, movimientos asociativos y ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes.
El plan se adapta a los actuales perfiles de personas consumidoras y establece la creación del Catálogo de Servicios de la Red para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones, que garantiza un modelo de atención universal y gratuito e incorpora el tratamiento de nuevos problemas vinculados con las tecnologías y el juego patológico. La perspectiva de género también se integrará en todas las iniciativas previstas.
Otra de las novedades recogidas es la puesta en marcha de programas de incorporación social para personas en riesgo de exclusión, cofinanciados por primera vez por el Fondo Social Europeo y con un dotación de más de dos millones de euros en este año. De acuerdo con los últimos estudios, un 20% de la población afectada por adicciones está a su vez en riesgo de exclusión social. Actualmente, 36.000 personas reciben tratamiento. De ellas, 20.000 lo han iniciado o reiniciado en lo que va de 2016.
En relación con el alcoholismo, el plan incorpora las últimas técnicas y resultados científicos y de nuevos fármacos. El alcohol es la segunda sustancia adictiva que más tratamientos provoca actualmente en Andalucía, con 9.320, según los últimos datos a 8 de abril de este año. Por delante se sitúan los opiáceos, con 14.750. Destacan también la cocaína (7.059) y el cannabis (5.531). Por su parte, el tabaco se aborda a partir de la atención personalizada que se presta en un total de 381 centros de salud.
Portal
Entre las novedades para los próximos años destaca también la previsión de crear un portal interactivo de drogas y adicciones al que podrán acceder profesionales, usuarios y la ciudadanía en su conjunto para consultar sobre centros y recursos e intercambiar experiencias.
Igualmente, el plan refuerza la actividad investigadora y formativa a través del Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones, entidad dedicada a recopilar la información científica disponible y promover el conocimiento y divulgar los resultados de la actividad en esta materia. Las prioridades se seguirán dirigiendo al estudio de factores de riesgo asociados al consumo, con nuevas líneas de trabajo para integrar la perspectiva de género y las patologías psiquiátricas asociadas.
El plan se estructura en cuatro grandes bloques: medidas preventivas, atención socio-sanitaria, incorporación social y gestión del conocimiento. En el área de la prevención el objetivo es evitar y/o retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas y de actividades susceptibles de convertirse en adicciones. En atención socio-sanitaria se pretende mejorar el acceso a la red de atención y garantizar la cartera de servicios, además de impulsar sistemas de evaluación de la calidad en la gestión para mejorar la participación y satisfacción de los usuarios y los profesionales. En las otras dos áreas, destacan las medidas dirigidas a facilitar la integración laboral y el diseño de un modelo formativo adecuado a las nuevas tecnologías y los retos emergentes.
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