La Junta de Andalucía ha prorrogado las ayudas del Decreto de Inclusión Social destinadas al Programa de Ayuda a la Contratación y a la red de suministros mínimos vitales, con el objeto de favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Ambos programas beneficiarán a más de 126.000 personas en toda Andalucía.
Según la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), para el año 2016 la dotación financiera de estos dos programas será de 46,5 millones de euros, que serán gestionados por los ayuntamientos. Posteriormente, se publicará la Orden realtiva a las Ayudas Económicas Familiares, por un valor en torno a los 10 millones de euros, por lo que el importe total destinado a estos Programas en 2016 ascenderá a 56,5 millones de euros.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las Corporaciones Locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, al que se destinará un total de 40 millones de euros. La cuantía total del Programa se ha distribuido entre los 778 Ayuntamientos andaluces en base a la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año 2015, aunque se garantiza a todos y cada uno de los Ayuntamientos un mínimo de 10.700 euros.
Un total de 770 ayuntamientos de Andalucía han accedido a 40 millones de presupuesto con los que contó también el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación del Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía en 2015. Con este plan de empleo extraordinario se realizaron más de 26.000 contratos. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado que “el Gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias. Esta medida reitera nuestro compromiso para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica, y la atención a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social es una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía”.
En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; a la persona solicitante que sea víctima de violencia de género; a la unidad familiar en la que haya personas con discapacidad o en situación de dependencia; o sea familia monoparental con al menos un hijo o hija a cargo; a la unidad familiar en la que haya menores de edad; a las familias numerosas; a las personas residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social; a mujeres y a mayores de 50 años.
Por otra parte, la prórroga del Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social contará con un presupuesto total de 6,5 millones de euros. Este plan se materializa mediante ayudas que serán gestionadas por los Ayuntamientos de Andalucía para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos y que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido comprobados e informados por parte de los Servicios Sociales Comunitarios.
Al igual que con el Programa de Ayuda a la Contratación, la cuantía total del Programa se ha distribuido en base a la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año pasado, criterio que se combina con la fijación de tramos por número medio de personas desempleadas por municipios.
El plazo para la presentación de la solicitud de participación en ambos programas será de 15 días desde el siguiente a la entrada en vigor de la presente Orden. Sánchez Rubio ha destacado que “estos Programas manifiestan el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales”.
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