La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado hoy en la Comisión parlamentaria de su departamento que el Gobierno central recorta en Andalucía más de 100 millones de euros anuales en materia de Dependencia, debido a la supresión del Nivel Acordado del Sistema de Financiación y la reducción en un 13 por ciento de la financiación del nivel mínimo.
Durante su intervención en el Parlamento, Sánchez Rubio ha subrayado que “la Junta va a seguir garantizando la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía pese a que los recortes del Gobierno de España han supuesto que la comunidad andaluza haya dejado de percibir un total de 508 millones de euros para la financiación de este servicio en esta legislatura, y a pesar de las intenciones y amenazas del Gobierno Central de aplicar nuevos recortes con la excusa del cumplimiento de déficit”.
Además, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha recordado que “Andalucía ha reclamado por carta al Gobierno central, su aportación económica correspondiente a las 20.000 personas con dependencia moderada incorporadas en 2015 y que asciende a unos cinco millones de euros. Esta carta fue remitida en el pasado mes de marzo al IMSERSO, y todavía no hemos recibido respuesta”.
Sánchez Rubio ha destacado que “dichas personas fueron incluidas en las estadísticas oficiales del Sistema elaboradas por el IMSERSO. Sin embargo, la Comunidad Autónoma no está recibiendo la financiación en concepto de nivel mínimo que según la normativa le correspondería. Nos seguimos preguntando por qué estas personas se las considera a efectos estadísticos y no a efectos de financiación”.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que “estos constantes recortes han provocado que Andalucía asuma la financiación de más de un 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22%, a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50% de las dos administraciones”.
Por ello, la consejera ha vuelto a reclamar el Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, con el fin de seguir haciendo sostenible el Sistema y poder atender a las personas reconocidas con Dependencia. Dicho Pacto, que ha sido presentado al resto de Comunidades Autónomas, recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, así como una mayor financiación por parte del Estado.
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