La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha querido destacar el importante trabajo que ejercen en Andalucía las fundaciones tutelares en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental en Andalucía. Estas fundaciones son las encargadas de garantizar la tutela efectiva de las personas más vulnerables, entre las que habitualmente se encuentran las personas con trastornos mentales graves, discapacidad intelectual y demencias. Además, considera necesario unificar los criterios de actuación de las fundaciones tutelares para garantizar la continuidad de la atención que prestan a las personas tuteladas, y así promover la coordinación y cooperación entre las administraciones y la iniciativa privada.
Así lo ha expuesto la consejera en Sevilla en la apertura de la Jornada sobre Fundaciones Tutelares en Andalucía, organizada por la Junta con la colaboración de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM).
En primer lugar, Sánchez Rubio ha puesto de relieve la importancia de las fundaciones tutelares que están presentes en todas las provincias andaluzas y que garantizan una atención individualizada a casi 2.000 personas. También ha hecho hincapié en este dato “porque se trata de personas en situación de especial vulnerabilidad y precariedad, en un contexto socioeconómico como el actual, que en algún momento de sus vidas puedan verse inmersas en un proceso civil de incapacitación y, por tanto, la consiguiente tutela”.
Profundizando en el modelo andaluz, la consejera de Políticas Sociales ha recordado que su Departamento viene impulsando, junto con FAISEM, la creación y funcionamiento de fundaciones tutelares de ámbito provincial, que ya cubren la totalidad de las provincias andaluzas. Un modelo que, según ha explicado, se viene mostrando “efectivo para asegurar la atención a este sector tan específico y complejo”, a través de una estructura profesional que se articula con los servicios sanitarios y sociales.
Ley de Servicios Sociales
La consejera ha recordado que el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que acaba de iniciar su recorrido parlamentario, reconoce estos principios. En concreto, entre los derechos que garantiza está el de la ciudadanía a decidir por anticipado que tipo de asistencia o cuidados querría, en caso de producirse situaciones que pudieran limitar su capacidad de obrar.
Igualmente, el proyecto de Ley garantiza la atención inmediata en situaciones de urgencia social, situaciones excepcionales o extraordinarias y puntuales que requieren intervención inmediata. De este modo, se pretende evitar un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y de desprotección en una persona, en consonancia con el espíritu por el que se rigen las Fundaciones Tutelares.
En el encuentro con representantes de la fiscalía, servicios sociales y sanitarios y fundaciones tutelares, entre otros, la consejera ha destacado también la importancia de estas entidades dentro de la actividad de la Junta, tal y como refleja la normativa en vigor. Así se ha referido a la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que reconoce el interés de la Administración en promover las entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan desempeñar la tutela de las personas incapacitadas judicialmente. También el II Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad en Andalucía contempla el impulso al desarrollo de estas entidades.
Según ha indicado la consejera, en la actualidad hay 22 entidades tutelares en Andalucía en las que 8 la Junta participa en su patronato. Tienen como objetivos la defensa y protección de las personas incapacitadas y que pudieran verse solas en caso de muerte de los progenitores, con el consiguiente riesgo de quedar indefensos.
En concreto hay una entidad de este tipo en cada provincia, tras la reciente creación de la Fundación Hispalense de Tutelas. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destina este año más de 392.000 a estas entidades.
Por último, la titular de Igualdad y Políticas Sociales les ha ofrecido a los representantes del colectivo la colaboración de la Junta para seguir avanzando en “un asunto tan importante” como la protección y asistencia de las personas adultas incapacitadas por resolución judicial, por encontrarse en situación de abandono por falta de familiares apropiados que los cuiden.
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