La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha denunciado hoy en el Pleno del Parlamento el “recorte de 2.278 millones de euros en tres años, desde julio de 2012 hasta el año 2014” reconocido por el propio Gobierno central en el documento que ha remitido recientemente a Bruselas, con la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019.
Sánchez Rubio ha recordado que, según el Observatorio Estatal de la Dependencia, incluyendo el año 2015, el recorte directo se aproximará a los 3.000 millones de euros, “un Gobierno Central, claro está, que evita a toda costa hablar del terrible impacto sobre las personas de esos recortes”.
La responsable de las política sociales ha destacado durante su intervención que “frente a estas políticas, el Gobierno andaluz ha mantenido un compromiso firme con el Estado de Bienestar y con el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde la puesta en marcha de la Ley, cumpliendo el compromiso adquirido por su Presidenta de mantener y consolidar el sistema, para que estas personas y sus familias puedan tener una vida más autónoma y más digna”.
Según datos del Imserso, a 31 de marzo de 2016 existen en Andalucía un total de 178.856 personas beneficiarias del sistema de dependencia y 232.414 prestaciones, lo que supone un total del 23% del total nacional.
Andalucía ha atendido a más de 344.000 personas en situación de dependencia y ha concedido más de 454.000 prestaciones desde que se comenzó a aplicar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en 2007. Asimismo, durante el pasado año se han incorporado al sistema un total de 40.004 nuevas personas beneficiarias (el 66% mujeres y el 34% hombres), que cuentan con 51.433 prestaciones. En las nuevas incorporaciones están incluidas 18.926 personas a las que se les ha reconocido el Servicio de Teleasistencia avanzada. Además, se han realizado 65.884 valoraciones y revisiones a lo largo del año.
En lo referente a los servicios concedidos en Andalucía, a 31 de marzo de 2016, del total de prestaciones concedidas el 67,69 por ciento están relacionadas con los servicios y el 33,31% por ciento con las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, por lo que en Andalucía se están concediendo proporcionalmente más servicios que la media nacional.
Durante su intervención, Sánchez Rubio ha hecho referencia al último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de diciembre de 2015, en el que se reconoce los avances que se han conseguido en Andalucía situándola con una puntuación de 7,5 sobre 10, mientras que la media nacional no consigue superar el aprobado con una media de 4 puntos.
“Otros datos irrefutables es que desde la aplicación de la Ley, Andalucía ha destinado más de 8.000 millones de euros. Además, la Junta de Andalucía ha reclamado por carta al Gobierno central, su aportación económica correspondiente a las 20.000 personas con dependencia moderada incorporadas en 2015 y que asciende a unos cinco millones de euros”, ha recordado la consejera.
Con la finalidad de seguir haciendo sostenible el Sistema y poder atender a las personas reconocidas con Dependencia, Andalucía ha propuesto al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, al que ya se han adherido varias Comunidades Autónomas.
Recientemente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros en el periodo 2016-2020 para reforzar las medidas orientadas a disminuir el impacto de esta situación y evitar su agravamiento en las personas ya afectadas.
El plan se dirige a la población andaluza en general, aunque con especial atención a personas mayores y con discapacidad, cuidadoras, dependientes y colectivos con factores de riesgo como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, drogas, juego o trastornos alimenticios.
Los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad; promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad; reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras; mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos.
En líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas. Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría (actualmente 99.572), desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos. Asimismo, se seguirán desarrollando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
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