Más de 553.000 personas y casi 43.000 familias se han beneficiado de las políticas de inclusión ejecutadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales desde 2013, fecha de la puesta en marcha de “un ambicioso Plan de lucha contra la exclusión social como actuación de emergencia para atender las necesidades vitales de las familias en situación o en riego de exclusión social”, ha informado en Comisión parlamentaria la máxima responsable de estas políticas en Andalucía, María José Sánchez Rubio.
En su comparecencia, ha subrayado “el considerable esfuerzo” del Ejecutivo autonómico para evitar la exclusión social, lo que le ha llevado a redoblar las actuaciones y programas específicos a raíz de la crisis financiera internacional. Esta situación ha provocado y sigue provocando graves problemas a muchas familias andaluzas, ha señalado.
Sánchez Rubio ha repasado en la Cámara las principales actuaciones realizadas en esta materia y ha recordado que desde 2013 su departamento ha destinado al Ingreso Mínimo de Solidaridad y a medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social en Andalucía casi 621 millones de euros, que han permitido una media de atención anual de 355.885 personas.
Centrándose en el desglose de las medidas, en primer lugar se ha referido al Ingreso Mínimo de Solidaridad, que ha pasado de casi 39 millones de euros en 2009 a cerca de 91 millones de euros en 2016. También el número de solicitantes se ha incrementado a raíz de la crisis aunque se ha apreciado un descenso desde 2015, año en el que se han presentado un 30,05% menos de solicitudes que en 2014. Esta línea descendente parece consolidarse, toda vez que en los primeros cuatro meses de 2015 se presentaron 21.523 solicitudes y en el mismo periodo de este año 15.467, según ha informado.
Respecto a los programas, sobresale el de Inclusión social que en 2003 tenía una dotación de casi 26,7 millones de euros que han ido incrementándose hasta los más de 163,5 millones presupuestados para este año. A través de este programa se financian la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, los programas extraordinarios para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social y de ayuda a la contratación, y el Programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad. En paralelo a estas medidas, se han ido fortaleciendo otros programas ya establecidos en Andalucía como el de comedores escolares bonificados en los centros docentes públicos, el servicio de comedor a través de los Centros de Participación Activa para personas mayores y las Ayudas Económicas Familiares, principalmente.
Sánchez Rubio ha subrayado la “amplísima aceptación” del citado Plan de Acción Social al que se han adherido casi todos los municipios (99,6%), que reciben ayudas de la Junta para contratar a personas desempleadas de larga duración y con importantes cargas familiares. En 2015, 770 municipios se han acogido a esta medida dotada con 40 millones de euros, que ha permitido la realización de más de 26.000 contratos (10.538 a hombres y 15.913 a mujeres), con una duración determinada entre 15 días y 3 meses. En total, en el periodo 2013-2015 se han realizado 82.683 contratos de los que se han beneficiado más de 231.000 personas.
Solidaridad y Garantía Alimentaria
Por su parte, a través del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se han puesto al alcance de las familias en situación más difícil diferentes mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación. De estas medidas se han beneficiado durante 2015 un total de 30.000 menores en situación de riesgo a través del refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano. En total desde que se inició el programa en 2013 más de 80.510 menores se han beneficiado del refuerzo de los comedores escolares fuera del curso lectivo.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha señalado que actualmente hay 473 entidades adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, entre corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro. Por provincias, su distribución es Almería (53), Cádiz (56), Córdoba (55), Granada (71), Huelva y Jaén (42 cada una), Málaga (66) y Sevilla (79), además de otras 8 entidades privadas adheridas a la red que tienen carácter supraprovincial.
Del programa de suministros mínimos vitales, ha informado que se han acogido al mismo un total de 731 municipios andaluces para atenciones de urgencia. De este modo, con una dotación de casi 6,6 millones de euros en 2015, los ayuntamientos han concedido 29.000 ayudas (casi 58.000 entre 2014-2015) que han beneficiado a casi 81.000 personas que requerían una actuación inmediata (más de 161.000 personas entre 2014-2015). A través de este programa se atienden necesidades como los suministros mínimos vitales (agua y luz) y otras relacionadas con la disponibilidad de una vivienda. Son nuevas prestaciones de urgencia social en las que están incluidos los suministros básicos (agua y luz).
También, en el periodo 2013-2015, se han destinado algo más 17,5 millones de euros a ayudas económicas que han permitido atender a 42.906 familias y 80.460 menores. Para este año el presupuesto para estas ayudas supera los 9,7 millones de euros.
Por último, Sánchez Rubio ha recalcado la “apuesta de la Junta” por las personas que están en una “situación difícil y complicada” a la que los poderes públicos “estamos obligados a dar una respuesta inmediata” para impedir su exclusión social. Unas intervenciones que se mantienen con la prórroga de estas medidas y que van a “recibir un fuerte empujón” con la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, puesto que va a suponer un marco importante para el desarrollo de políticas de inclusión social.
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