El I Plan andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia prevé una inversión de 1.765 millones de euros en el periodo 2016-2020. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado en Comisión parlamentaria sobre dicho plan, que reforzará las medidas orientadas a disminuir el impacto de esta situación y evitará su agravamiento en las personas ya afectadas.
El plan se dirige a la población andaluza en general, aunque con especial atención a personas mayores y con discapacidad, cuidadoras, dependientes y colectivos con factores de riesgo como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, drogas, juego o trastornos alimenticios.
Sánchez Rubio ha resaltado que “la elaboración del plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones, desde la Administración autonómica a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del ‘Tercer Sector’ y universidades. Por parte de la Junta, han participado las consejerías de Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda”.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que “los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad; promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad; reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras; mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos”.
La consejera ha subrayado durante su intervención que “en líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas. Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría (actualmente 99.572), desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos”. Asimismo, se seguirán desarrollando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que más personas en situación de dependencia atiende. A 31 de marzo, existen 178.900 beneficiarias (el 23,4% del total nacional), que cuentan con 232.400 prestaciones (24% del total). El Gobierno de España financia el 22% del sistema en la comunidad, por debajo del 50% que establece la propia legislación estatal. Ello ha provocado una pérdida de financiación de más de 500 millones de euros entre 2012 y 2016. Desde la entrada en vigor de la ley en 2007 la Junta ha invertido más de 8.000 millones en estas políticas.
Apuesta por la ayuda a domicilio
En la comisión parlamentaria de hoy, Sánchez Rubio ha informado también sobre el servicio de ayuda a domicilio, prestación vinculada a la Ley de Dependencia. La consejera ha destacado que “la Junta de Andalucía es el único gobierno de una comunidad autónoma que financia el cien por cien del servicio de ayuda a domicilio y completamente el refuerzo de profesionales en las corporaciones locales para el desarrollo de la Ley. La gestión compete a las entidades locales pero la financiación corre a cargo de la Junta de Andalucía”.
Sólo durante el año 2015 se han abonado a las entidades locales en torno a 250 millones de euros, destacando la consejera que “en nuestro objetivo de cumplir con los plazos comprometidos de pagos, estamos trabajando en un nuevo calendario de pagos ligados a la modificación de la Orden de Ayuda a Domicilio. Se pretende con esta modificación dar lugar a un nuevo flujo de pagos y además que nos permita conocer en tiempo real las horas de servicios prestadas”.
Además, Sánchez Rubio ha recordado que “desde la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la Junta de Andalucía ha hecho frente de forma puntual a todos sus pagos. Y estamos trabajando para realizarlos con la regularidad que procede, debido a las medidas drásticas de recorte aplicadas desde el Gobierno Central y que han supuesto la asfixia económica a la Ley de Dependencia. Seguimos trabajando con nuestros propios medios para que las personas que más lo necesitan estén debidamente atendidas”.
En Andalucía reciben este Servicio 49.082 personas, el 32,5 % del total nacional, y permite ofrecer más de 25 millones de horas de servicio de Ayuda a Domicilio. Por tanto, uno de cada tres personas que recibe este servicio es andaluza y genera en Andalucía cerca de 18.000 empleos directos.
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