La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado al Consejo Andaluz de Asuntos de Menores el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020, que tiene entre sus objetivos una mayor y mejor protección de los menores frente a la falta de recursos, el abuso y la negligencia. Para ello, se prevé orientar las políticas públicas hacia la atención de los más vulnerables con el fin de evitar las situaciones de riesgo, desprotección y de exclusión social.
Igualmente, el Plan garantizará la presencia de los menores en todas las políticas y en todos los municipios proporcionándoles un mayor reconocimiento social. Se pretende así ampliar el área de actuación sobre el colectivo, incidiendo tanto en la atención de las necesidades, como el modelo actual, como en el refuerzo de los derechos a través de un órgano colegiado transversal.
El documento se ha elaborado sobre la base del I Plan de Atención Integral a la Infancia en Andalucía y ha contado con la participación y las aportaciones realizadas por profesionales y técnicos de todos los ámbitos relacionados con el colectivo.
Aunque el marco operativo del Plan es hasta 2020, en el documento se ha establecido una escala de prioridades para la aplicación de las medidas de forma gradual. Para ello, se destinan casi 673 millones de euros en el marco 2016- 2017.
El plan contiene una serie de actuaciones que se aglutinan en torno a cinco grandes grupos. El primero ‘Salud y bienestar emocional’ tiene el objetivo de reducir la enfermedad y mortalidad prevenibles, entre otros. ‘Seguridad y confianza’ es otra de las áreas cuya finalidad es aumentar la calidad de vida de los menores y evitar así la exclusión social y reducir desigualdades, y ‘Aprender y realizarse’, que persigue el fomento de la convivencia escolar y la igualdad de género como elemento básico para el bienestar personal y social y el aprendizaje escolar. ‘Participar y prosperar’ para promover la participación de los menores respetando su individualidad y, por último, ‘Transversalidad’ para reforzar la cohesión social en el marco de la familia y primando el interés del menor.
A partir de estas áreas se han establecido 13 líneas estratégicas que deberán desarrollarse para lograr los objetivos previstos y en las que colaborarán, junto con Igualdad y Políticas Sociales, las consejerías de Salud y de Educación.
Pacto por la infancia
La realización de un Pacto por la infancia es una de las iniciativas para proteger tanto a los menores como a sus familias de las dificultades provocadas por la situación actual de crisis. Igualmente, se prevé reformar la ley de los Derechos y Atención al Menor para incorporar la creación de Mesas Territoriales del Buen Trato a la Infancia, cuyo objetivo es facilitar la detección de problemas para garantizar una intervención temprana.
Asimismo, se prevé actualizar el decreto que regula la evaluación de enfoque de los derechos de la infancia en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno. De este modo se pretende garantizar la presencia de los más pequeños en todas las políticas integrales en esta materia. En este orden de cosas, se establece la puesta en marcha de una iniciativa que incluya el enfoque ético de este sector de la población, consultándole sobre sus ideas, miedos, expectativas y deseos con relación a su situación personal.
La promoción del éxito escolar desde un contexto inclusivo es otra de las actuaciones previstas, para atender a aquellos casos de alumnado con problemas de fracaso escolar, que abandonan las aulas, repiten curso y dejan los estudios sin llegar a obtener la titulación en ESO.
Por último, también se promueve la elaboración de una estrategia integral para atender los aspectos relacionados con la salud y el bienestar de la infancia, de acuerdo con una proposición no de ley del Parlamento que insta a abordar estos aspectos teniendo en cuenta los últimos avances científicos y las nuevas realidades sociofamiliares. Igualmente, se propone la implantación de un plan estratégico para sensibilizar y formar a los profesionales y políticos vinculados con la infancia y, por último, se va a promover un entorno amigable que asegure que se tiene en cuenta a los menores en la toma de decisiones que les afectan.
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