La Junta de Andalucía atiende a más de 50.200 personas a través del servicio de ayuda a domicilio

Sánchez Rubio destaca que en Andalucía este recurso ha generado más de 18.000 empleos estables
Andalucía, 29/06/2016

La Junta de Andalucía atiende a más de 50.200 personas a través del servicio de ayuda a domicilio, una prestación a la que ha destinado más de 300 millones de euros en 2015 a través de las entidades locales, lo que supone casi el 30% del presupuesto de atención a la dependencia en la Comunidad. Así lo ha destacado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante la comparecencia parlamentaria en Comisión para informar sobre este recurso de la Ley de Dependencia.

Sánchez Rubio ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por este servicio de proximidad, ya que “las personas mayores prefieren ser atendidas en su propio hogar por sus familiares o por servicios profesionales en el momento en que se encuentren en una situación de dependencia”. Algunos datos facilitados por la consejera que confirman el compromiso de la Junta son que Andalucía atiende a 50.211 personas a través del servicio de ayuda a domicilio, lo que supone el 32% del total nacional de esta prestación. Un servicio que ofrece más de 2,1 millones de horas al mes, aproximadamente, de atención.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha recordado que el Servicio de Ayuda a Domicilio se gestiona en colaboración con las entidades locales, un recurso que ha generado más de 18.000 empleos estables y no deslocalizables. Tras la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, “hablamos de 45.000 empleos directos que han sido creados en Andalucía”, ha concretado.

Solo en 2015, se han incorporado 11.694 nuevas personas al servicio de ayuda a domicilio. “Es la dinámica que viene siendo habitual desde que empezamos a gestionar la dependencia. Y es que el modelo del que partíamos se sostenía sobre el cuidado que dispensaban las mujeres. Ese modelo debe cambiar y no hacia la institucionalización, hay un camino intermedio que tiene que ver con el cuidado en el entorno habitual profesionalizado”, ha explicado la consejera.

Sánchez Rubio ha resaltado además en la Comisión parlamentaria que “Andalucía es pionera en el proceso de impulsar el reconocimiento social y profesional de las personas que prestan este servicio, colaborando con instituciones públicas y privadas en el proceso de acreditación”. Prueba de ello ha sido la regulación de la Acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en instituciones sociales y en el domicilio en Andalucía (Resolución de 28 de julio de 2015), que ha sentado las bases para el posterior acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Por último, la consejera ha avanzado que en la actualidad “se trabaja en el marco de relaciones y de financiación establecido con las corporaciones, con el objetivo de mejorar el sistema propiciando una mayor colaboración entre Administraciones y una mayor eficiencia en la prestación”.

Informe Ejecutivo de la ASSDA

Durante la Comisión parlamentaria, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales también ha informado sobre el informe ejecutivo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) de 2015, donde se recoge que la comunidad andaluza lidera la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España.

Entre los datos recogidos en este informe, Sánchez Rubio ha subrayado que durante el pasado año se han incorporado al sistema 40.004 nuevas personas beneficiarias y han sido concedidas 51.433 nuevas prestaciones en Andalucía. El documento indica que durante el pasado año se valoró al 92,18% de las personas que lo solicitaron, con un total de 65.057 revisiones (65% mujeres y 35% hombres). Desde la entrada en vigor de la ley en 2007, se han atendido a más de 344.000 personas y concedido 454.000 prestaciones.

La ASSDA también destaca entre sus datos que un total de 1.074.536 personas mayores disfrutan de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco (TAJ65) en la comunidad. Durante el pasado año se emitieron 54.288 de estos documentos (57% a mujeres y 43% a hombres) que ofrecen a sus titulares bonificaciones en transportes públicos, planes de visión y audífonos, o servicios de orientación jurídica, entre otros.

Casi 1.500 establecimientos están adheridos en la actualidad al programa TAJ65, dentro de las políticas que desarrolla la Junta para promover la autonomía personal del colectivo de mayores. En este marco también sobresale el Servicio Andaluz de Teleasistencia, que atiende a casi el 50% de los beneficiarios de esta prestación en España. En 2015, un total 194.598 usuarios (el 77% mujeres y el 23% hombres) disfrutaron de este servicio. De éstos, el 64% eran mayores, el 35,5% dependientes y el 0,5% personas con discapacidad. De las 5.709.900 llamadas atendidas, con una media diaria de 15.644, el 60% fueron para conversar. En total, desde que se puso en marcha en 2002, los operarios han gestionado 49,6 millones de llamadas de teleasistencia.

El organismo autonómico también presta servicio a las personas con problemas de adicción. Sólo en 2015 se llevaron a cabo 3.352 protocolos de ingresos, atención en centros de día y unidades de desintoxicación, entre otros. También se atendieron a 845 usuarios en comunidades terapéuticas (84% hombres y el 16% mujeres), dotadas con 264 plazas, y se realizaron 13.600 intervenciones (81% hombres) a través del Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía.

En el ámbito sociolaboral, se atendieron a 9.372 personas (52% hombres y 48% mujeres) y 1.708 menores inmigrantes (84% niños y 16% niñas). Igualmente, se realizaron 3.284 contratos laborales a través del Programa Incorpora, al que están adheridas 47 entidades, y se crearon 89 empresas y 106 puestos de trabajo con el Servicio de Asesoramiento a Emprendedoras y Empresarias.

La ASSDA tiene entre sus fines el desarrollo de las actividades y prestación de los servicios del sistema de la dependencia; la promoción de la autonomía de las personas mayores; la atención a personas con problemas de adicciones, en riesgo o situaciones de exclusión social, y menores inmigrantes, o el Plan de Apoyo a las Familias, entre otros.

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