La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha resaltado el trabajo que está haciendo la Junta para “impulsar una nueva cultura de la infancia, que garantice un mayor protagonismo a los más pequeños y más presencia en todas las políticas y en todos los municipios, proporcionándoles un mayor reconocimiento social”. Este es uno de los principales objetivos del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno con un presupuesto de casi 673 millones de euros para los dos primeros años, y que ha presentado en Huelva la titular de Igualdad y Políticas Sociales.
En un acto celebrado en la Facultad de Derecho de Huelva, con la presencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y del rector de la institución onubense, Francisco Ruiz Muñoz, la consejera ha indicado que “hoy día no se concibe la sociedad sin la participación activa de los niños y las niñas y en esa línea va el II Plan de Infancia que presentamos en esta Universidad”. Ha señalado que “la situación de la infancia es un termómetro muy significativo” para medir los efectos que producen los cambios en el conjunto de la sociedad. Precisamente uno de los objetivos del Plan es abordar la situación actual y hacer frente a los nuevos escenarios y a los problemas que vayan surgiendo.
Asimismo, el documento prevé sustituir el acogimiento residencial de los menores de 12 años, apostando por el acogimiento en familia como el mejor núcleo para su desarrollo personal. En este aspecto, el objetivo es lograr 3.000 familias acogedoras en 2020 (en la actualidad hay 2.177).
A grandes rasgos, el plan contiene medidas para mejorar la atención de las necesidades de la infancia y reforzar sus derechos a través de un órgano colegiado transversal. Igualmente, tiene entre sus objetivos una mayor y mejor protección de niñas y niños frente a la falta de recursos, el abuso y la negligencia.
Para ello, se prevé orientar las políticas públicas hacia la atención de los más vulnerables con el fin de evitar las situaciones de riesgo, desprotección y de exclusión social. En este orden de cosas, Sánchez Rubio ha hecho hincapié en que uno de los grandes objetivos es luchar contra los efectos negativos de la pobreza y la crisis económica sobre la infancia en Andalucía.
Antes de entrar en detalles, la consejera ha indicado que el documento es el resultado de un trabajo conjunto, que ha contado con la participación y las aportaciones realizadas por más de un centenar de profesionales y técnicos de todos los ámbitos relacionados con el colectivo, y que se ha elaborado tomando como base el I Plan de Atención Integral a la Infancia en Andalucía.
Igualmente, ha resaltado la participación de 585 personas niñas y niños que estudian en nueve centros educativos o forman parte de cinco consejos municipales de infancia y adolescencia de Andalucía pertenecientes a seis provincias andaluzas, entre ellas la de Huelva. En el mismo sentido, el Observatorio de la Infancia de Andalucía ha contribuido de “forma relevante” en la elaboración del Plan realizando un diagnóstico sobre la situación de la infancia y adolescencia en Andalucía.
El plan contiene una serie de actuaciones que se aglutinan en torno a cinco grandes grupos: ‘Salud y bienestar emocional’, ‘Seguridad y confianza’, ‘Aprender y realizarse’, ‘Participar y prosperar’ y, por último, ‘Transversalidad’. A partir de estas áreas se han establecido 17 líneas estratégicas que deberán desarrollarse para lograr los objetivos previstos y en las que colaborarán, junto con Igualdad y Políticas Sociales, las consejerías de Salud y de Educación.
Sánchez Rubio ha explicado que, a través de estas estrategias, se pretende que la infancia disfrute de “las más altas cotas de salud, en un entorno de seguridad y confianza en el que se potencie el aprendizaje con el fin de reforzar las actitudes, habilidades y competencias”.
Asimismo, ha resaltado la implicación de los niños, niñas y adolescentes en los asuntos de la vida pública “participando libremente, cooperando y ofreciendo su propia perspectiva”, de manera que sean sujetos activos de su propio desarrollo.
Otra de las propuestas es la elaboración de un Pacto por la Infancia para protegerla, junto con sus familias, de las dificultades derivadas de la situación actual de crisis. Igualmente, se prevé reformar la ley de los Derechos y Atención al Menor para incorporar la creación de Mesas Territoriales del Buen Trato a la Infancia, cuyo objetivo es facilitar la detección de problemas para garantizar una intervención temprana.
Otras medidas
Otra de las medidas incluidas es la actualización del decreto que regula la evaluación de enfoque de los derechos de la infancia en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno. De este modo se pretende garantizar la presencia de los más pequeños en todas las políticas integrales en esta materia. En este sentido, se establece la puesta en marcha de una iniciativa que incluya el enfoque ético de este sector de la población, consultándole sobre sus ideas, miedos, expectativas y deseos con relación a su situación personal.
La promoción del éxito escolar desde un contexto inclusivo es otra de las actuaciones previstas, para atender a aquellos casos de alumnado con problemas de fracaso escolar, que abandonan las aulas, repiten curso y dejan los estudios sin llegar a obtener la titulación en ESO. Igualmente, se propone la implantación de un plan estratégico para sensibilizar y formar a los profesionales y políticos vinculados con la infancia y, por último, se va a promover un entorno amigable que asegure que se tiene en cuenta a los menores en la toma de decisiones que les afectan.
A modo de conclusión, Sánchez Rubio ha señalado que ya se está trabajando en el desarrollo del Plan para impulsar la presencia y significación de la infancia y la adolescencia en los asuntos públicos, además de estimular su participación desde los principios de una democracia deliberativa.
Por último la consejera ha expresado su confianza en que el II Plan tenga tan buenos resultados como el primero, con un total de 1,6 millones de beneficiarios y la implicación directa de de 807 organismos y entidades, de los cuales 771 eran ayuntamientos.
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