La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado hoy en Comisión parlamentaria las medidas sociales y de apoyo a la contratación dirigidas al colectivo de personas con discapacidad intelectual en Andalucía, entre las que destacan “las pensiones no contributivas, bonificaciones fiscales, incentivos a la contratación, acceso a centros especiales de empleo o a reserva de puestos trabajo en el empleo público”.
Actualmente hay un total de 64.043 personas (36.946 hombres y 27.097 mujeres) que tienen reconocida por los centros de valoración una discapacidad igual o superior al 33%. La consejera ha destacado el apoyo a las asociaciones y entidades que representan a los familiares o representantes legales de estas personas con subvenciones, que se materializa a través de subvenciones dirigidas tanto al mantenimiento de sus estructuras asociativas como al desarrollo de programas destinados a promover la inclusión social y la autonomía personal.
Sánchez Rubio se ha referido también al Catálogo de prestaciones y servicios de su departamento que contiene una serie de recursos destinados a atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia. Entre otros, destacan los 540 centros residenciales y de atención diurna financiados con fondos públicos, que atienden a 13.051 personas con discapacidad intelectual.
Otra de las líneas de actuación es el apoyo a las fundaciones tutelares, entidades sin ánimo de lucro que hasta 2015 contaban el apoyo de la Junta mediante la solicitud de subvenciones. Este año, se ha agilizado este mecanismo otorgando una subvención nominativa de cerca de 400.000 euros a las 8 entidades existentes, una por provincia, para atender a 1.803 personas. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales participa en el patronato de estas entidades sin ánimo de lucro.
Por último, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado la reciente aprobación del I Plan andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia (2016-2020). Igualmente, el anteproyecto de ley de los derechos y la atención de las personas con discapacidad en Andalucía, una norma que supondrá un avance en la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Un texto que compromete la disposición permanente de planes específicos de empleabilidad y que Sánchez Rubio espera que inicie pronto su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
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