La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presidido hoy la reunión de la Comisión de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora de la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, en el que participan varias consejerías, además de la delegación del Gobierno central en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT-A y CCOO-A. Durante el encuentro se ha aprobado el reglamento que unifica el funcionamiento de las Comisiones Locales y Provinciales de Violencia de Género.
Dichas comisiones, que se han ido creando progresivamente en los últimos años en las localidades integrantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), tienen como misión coordinar a todos los agentes locales que intervienen ante casos concretos de violencia de género en cada territorio (desde el centro de salud hasta la policía local o el colegio), de modo que las mujeres y menores víctimas reciban una respuesta unánime y eficaz, evitando la desorientación y la doble victimización. Asimismo, las comisiones trabajarán, tanto a nivel provincial como local, en la búsqueda de iniciativas concretas, adaptadas a la zona, para la prevención de la violencia machista. Para ello, según marca el nuevo reglamento, las comisiones deberán elaborar protocolos locales de coordinación para la prevención y la atención, implicando al ámbito sociolaboral de la víctima y al educativo, en los casos con hijos e hijas, que también son consideradas víctimas.
Según ha explicado la consejera, el papel de las comisiones provinciales y locales, así como el de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIMs), se verá reforzado a través de la reforma de la Ley andaluza de Igualdad, que prevé garantizar que todas las administraciones locales desarrollen periódicamente sus propios planes estratégicos de actuación en materia de igualdad de género, con el fin de llevar a cabo iniciativas concretas a nivel territorial para la prevención de la violencia machista y el impulso de la igualdad real entre mujeres y hombres. Formada por 163 centros gestionados por los ayuntamientos y respaldados por la Junta, la red de CMIMs, constituye la puerta de entrada al sistema de atención integral a las mujeres, y en especial a las víctimas de violencia de género de las zonas rurales.
Junto a ello, la Comisión de Seguimiento ha aprobado de manera definitiva el Protocolo Marco andaluz de coordinación institucional, que aúna en un sólo circuito todos los procedimientos institucionales de actuación que existen ante casos de violencia de género (en el ámbito sanitario, judicial, policial...).
La Comisión de Seguimiento está constituida por las consejerías de la Presidencia y Administración Local; Empleo, Empresa y Comercio; Educación; Salud; Justicia e Interior; Igualdad y Políticas Sociales; Fomento y Vivienda; la Delegación del Gobierno de Andalucía; el Consejo General del Poder Judicial; el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía; la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; la Confederación de Empresarios de Andalucía; UGT y CCOO.
Según ha destacado la consejera, la iniciativa supone "un paso más" en el "objetivo del Gobierno andaluz de aunar esfuerzo y trabajo para erradicar la violencia machista", así como "una muestra más del compromiso de la Junta con el impulso de un gran acuerdo social contra esta lacra", que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 26 víctimas, 4 de ellas en Andalucía.
Según los recientes datos del Consejo General del Poder Judicial, Andalucía registró en el primer trimestre de 2016 un total de 7.141 denuncias por violencia de género, un 3,8% más que el el mismo período del año anterior. De hecho, Andalucía fue la comunidad donde se registraron más denuncias en cifras absolutas, datos que, según ha destacado la consejera, demuestran "el aumento del nivel de concienciación de las propias víctimas, que tienen la valentía de pedir ayuda". Junto a ello, la consejera ha valorado de manera "muy positiva" que las órdenes de alejamiento en Andalucía (1.198) alcancen el 29,5% de las víctimas, porcentaje superior a la media española, que fue del 28,5%
Finalmente, Sánchez Rubio ha recordado al Gobierno central en funciones que su consejería "aún espera una respuesta" a la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, que plantea entre otras medidas urgentes la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17%; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales, y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer estatal. La Junta también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.
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