La Junta de Andalucía destina casi 9 millones para garantizar los recursos y la atención en drogodependencias y adicciones en las ocho provincias

Sánchez Rubio firma con la Diputación de Córdoba el convenio que permitirá desarrollar las acciones en esta materia a través del III Plan Andaluz de Drogas y Adicciones 2016-2021
Andalucía, 25/08/2016

La Junta de Andalucía destina casi 9 millones para garantizar los recursos y la atención en drogodependencias y adicciones en las ocho provincias

La Junta de Andalucía destina casi 9 millones para garantizar los recursos y atención en drogodependencias en las ocho provincias durante este año. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha firmado hoy uno de los ocho convenios, el correspondiente a la provincia de Córdoba, que ha suscrito con el Instituto provincial de Bienestar Social de Córdoba y que garantiza el mantenimiento de centros de atención a drogodependencias y actuaciones preventivas en esta área en la provincia. En concreto, el importe del acuerdo suscrito hoy entre la consejera y el presidente del Instituto Provincial, Antonio Ruiz, asciende a algo más de dos millones de euros de los que más de 1,1 son aportados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Sánchez Rubio ha explicado que “con este convenio se pretende garantizar el desarrollo de los servicios asistenciales y de reinserción social de drogodependientes y el mantenimiento de los Centros Comarcales de Drogodependencias situados en la provincia de Córdoba”. Además, se asegura el desarrollo del Programa de Intervención en el Centro Penitenciario de Córdoba y el funcionamiento de un Centro de Día en la capital cordobesa.

Asimismo, ha indicado que el importe total de los ocho convenios provinciales supera los 20,5 millones de euros de los que la Junta aporta casi 8,9 millones. Un presupuesto que contribuye a mantener la Red de Drogodependencias y Adicciones en la Comunidad Autónoma Andaluza, integrada por 173 centros con 964 plazas que la convierten en la más amplia del Estado.

Sánchez Rubio ha remarcado la importancia del convenio toda vez que en Andalucía hay 38.809 personas que están siguiendo algún tipo de tratamiento por adicción, en especial a los opiáceos (14.827 personas en Andalucía) y al alcohol (9.465 personas), seguido de estimulantes (7.345 personas) y cannabis (4.360 personas), según datos de 9 de agosto pasado. Por su parte, en la provincia hay 1.854 personas en tratamiento principalmente por sustancias psicoactivas (770 personas) y alcohol (748 personas).

Según ha informado la consejera, de la lectura de los datos provinciales se desprende un predominio de las readmisiones de hombres (42,50%) motivada especialmente por el consumo de sustancias psicoactivas (41,53%) y  de alcohol (40,35%). El perfil medio de las personas admitidas a tratamiento es un varón de unos 40 años, consumidor de alcohol y en una situación laboral de paro. Tiene estudios primarios o inferiores y casi el 34%  convive con su familia de origen y casi el 29% con su familia propia,  y acuden a tratamiento por iniciativa propia y derivados por el médico general de Atención Primaria de Salud, en ambos casos en cerca del 32% de los casos.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha insistido también en la “importancia de la prevención”, una actuación que viene realizándose a través del Programa Ciudades ante las Drogas, que se financia a través de los ayuntamientos. Así, en la provincia de Córdoba participan 58 municipios que representan el 77,33% de los ayuntamientos de la provincia.

Recursos provinciales

En la provincia de Córdoba hay 14 Centros de Tratamiento Ambulatorios de los cuales 2 son específicos de alcohol (Renacer en Córdoba capital y Apoal en Pozoblanco) y 1 de juego patológico (Acojer en Córdoba capital). Estos recursos están distribuidos entre las localidades de Córdoba, Aguilar de Frontera, Castro del Río, Montilla, La Carlota, Montoro, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Pozoblanco y Rute.

Además, la provincia cuenta con un equipo de Apoyo en Instituciones Penitenciarias para la prisión de Córdoba, un Centro de Encuentro y Acogida en Córdoba en régimen de concierto (Asociación Adeat) y tres Comunidades Terapéuticas en régimen de concierto con un total de 33 plazas entre Proyecto Hombre (4 plazas en Córdoba), Arco Iris-Hombres (12 plazas en Lucena) y Arco Iris- Mujeres (17 plazas en Montilla). Asimismo, la capital cordobesa dispone de una Vivienda de Apoyo a la Reinserción.

Al frente de estos recursos hay un total de 108 profesionales entre médicos, psicólogos, trabajadores sociales, técnico de prevención, DUEs, educadores, monitores, maestros taller, personal de administración y otros profesionales como monitores, limpieza, cocina y mantenimiento).

Sánchez Rubio ha recordado que las actuaciones en esta materia se llevan a cabo en el marco del actual III Plan Andaluz de Drogas 2016-2021, que cuenta con una dotación presupuestaria próxima a los 37 millones de euros anuales aportados por las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, Educación, Justicia e Interior y Salud. Los más jóvenes, las personas que tienen una difícil situación social, las adicciones a las nuevas tecnologías y la perspectiva de género constituyen las principales novedades del Plan.

Subvenciones

La consejera se ha referido igualmente a los casi 2,6 millones de euros que destina su Departamento a subvenciones para planes sobre drogodependencias, convocadas a través de una orden publicada el pasado martes 23 de agosto en el BOJA. Se trata de dos líneas, una de ellas dotada con algo más de 1.4 millones de euros para financiar programas de formación en materia de drogodependencias y adicciones, que podrán solicitar las federaciones de asociaciones regionales y provinciales y entidades privadas de ámbito supraprovincial.

La otra línea cuenta con algo más de 1,1 millones de euros para el desarrollo de actuaciones en el marco del Programa de Prevención Comunitaria ‘Ciudades ante las Drogas’, que pretende reducir el uso y abuso de drogas, estimular a la población para la construcción de unas ciudades más saludables e incidir en colectivos específicos con especiales situaciones de riesgo, entre otros objetivos. Los destinatarios de estas ayudas son los ayuntamientos y las entidades locales, con un importe máximo del 50% del proyecto a realizar.

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