La Junta garantiza la atención a las drogodependencias a través de los 174 centros que integran la red andaluza
La Junta garantiza la atención a las personas con problemas de drogodependencias a través de los 174 centros que integran la red andaluza, uno de los principales instrumentos del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2016-2021 aprobado por el Consejo de Gobierno y que asegura la “accesibilidad, inmediatez y adaptación a las características que demandan estos servicios”, según ha informado en el Pleno del Parlamento la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
En respuesta a una pregunta oral formulada por el Grupo Socialista, la consejera ha resaltado el carácter “universal y gratuito” de los servicios que se prestan a través de la red, cuyo funcionamiento supone un presupuesto de casi 37 millones de euros. Son un total de 174 centros entre los que destacan los de Tratamiento Ambulatorio (117), seguidos de los de Encuentro y Acogida (7), Comunidades Terapéuticas (23), Centros de Día (6), Viviendas de Apoyo al Tratamiento (3+3), Viviendas de Apoyo a la Reinserción (11) y Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (3). Todos ellos conforman un circuito asistencial capaz de atender las demandas directas de atención a personas con adicciones a sustancias psicoactivas o conductuales.
De los 117 Centros de tratamiento ambulatorio, casi el 75% (87 centros) dependen de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, que son los encargados de su mantenimiento. Para ello, la Junta suscribe convenios de colaboración con ambas entidades locales a los que destina casi la mitad del importe del coste económico, que asciende a unos 25 millones de euros.
Unos servicios que Sánchez Rubio ha calificado de “muy necesarios” como revela el dato de que en lo que va de año han recibido tratamiento un total de 51.430 personas. Asimismo ha indicado que “los servicios, que son atendidos por casi un millar de profesionales, facilitan una atención individualizada y profesionalizada garantizando la igualdad, confidencialidad y participación de la persona que demanda estos servicios”.
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