La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abonado esta semana más de 152 millones de euros para la financiación de servicios y prestaciones en materia de dependencia, de los que 87 millones corresponden a corporaciones locales que gestionan el servicio de ayuda a domicilio, 25 a prestaciones económicas y más de 37 millones a atención residencial y unidades de día, principalmente del tercer sector.
Tras el abono de estas cantidades, la Junta de Andalucía ha liquidado todo lo correspondiente al primer semestre de 2016. Además, se realizará un nuevo pago también de más de 150 millones de euros en este mes de octubre, con lo que se estará prácticamente al día en todos los pagos relativos a la atención de la dependencia.
Además de estos importes, y en lo que llevamos de año 2016, el departamento dirigido por María José Sánchez Rubio ha destinado más de 839 millones de euros a personas usuarias, entidades del tercer sector y corporaciones locales. La consejera ha subrayado que con la liquidación de estas facturas se han beneficiado más de 179.000 personas y más de 1.000 entidades sociales.
Sánchez Rubio ha destacado que la Junta de Andalucía está realizando estas liquidaciones de facturas a pesar de los recortes llevados a cabo por la Administración central, “que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012”.
El propio Observatorio Estatal de la Dependencia ha denunciado hace sólo unos días, que el Gobierno central sólo aporta el 18 por ciento de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia -frente al 50 % que fija la ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82 % del gasto público certificado en el último año. Según explica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece este observatorio, esta conclusión se extrae de los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 remitidos por las Comunidades Autónomas.
El Observatorio también denuncia que si la Administración General del Estado no hubiera realizado los recortes en la financiación de la dependencia que llevó a cabo en el año 2012, Andalucía recibiría unos 110 millones de euros mas cada año, y si el Gobierno de España aportase la misma cuantía que la Junta de Andalucía en la financiación de la Dependencia -650 millones de euros más-, se podrían atender a 105.000 dependientes más, con lo cual no existiría Limbo de la Dependencia en Andalucía ya que todas las personas con el derecho reconocido estarían recibiendo las atenciones correspondientes. Al mismo tiempo, se crearían 25.000 nuevos empleos directos, estables y no deslocalizables 35 empleos por cada millón de euros invertidos, y se producirían unos retornos económicos a las arcas del Estado de 250 millones de euros en virtud de los impuestos y cotizaciones (38,5%).
Por todo ello, Sánchez Rubio ha reclamado por carta a la nueva ministra en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fátima Báñez, una reunión urgente del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, al objeto de tratar, como único punto del orden del día, “el debate y la toma de decisiones sobre el actual sistema de financiación a las Comunidades Autónomas del Sistema de Atención a la Dependencia”.
Para la consejera, la Junta de Andalucía tiene un “firme compromiso” con el sistema de Dependencia, como lo muestra que la Comunidad andaluza cuenta con 232.000 prestaciones concedidas para 178.200 personas, el 23,3% de las personas beneficiarias en el conjunto de España. Asimismo, 50.800 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa el 31% del total nacional, mientras que otras 67.300 son usuarias del Servicio de Teleasistencia (el 44% del conjunto de España).
En los presupuestos andaluces de 2016 se consignan 1.160 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia en esta comunidad, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.262 millones). Esta inversión, en un 53,8%, se destina a financiar a ayuntamientos y diputaciones.
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