La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado a la Mesa del Tercer Sector las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará la Administración andaluza en la contratación y ha reiterado a los representantes de este organismo, que aglutina a 1.672 organizaciones sin ánimo de lucro, su apuesta por la concertación, con medidas como el concierto social recogido en el proyecto de Ley de Servicios Sociales.
Las cláusulas sociales y medioambientales, que han sido acordadas por el Gobierno andaluz con los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía y con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), persiguen entre sus objetivos la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizando, entre otros aspectos, salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación.
De esta forma, la Junta y sus entes instrumentales incorporarán estas cláusulas con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.
A partir de la aplicación de las cláusulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá rescindido ese contrato si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla. Asimismo, se primará y reconocerá en los contratos a aquellas empresas que vayan más allá de la Ley de Igualdad en la conciliación laboral y familiar.
Asimismo, se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De esta forma, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2% de personas con discapacidad.
El proyecto de Ley de Servicios Sociales
Además del contenido de las cláusulas sociales, la presidenta ha trasladado al Tercer Sector su compromiso con que el proyecto de Ley de Servicios Sociales sea aprobado lo antes posible para poder desarrollar el concierto social, un sistema que permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la Administración andaluza. La Ley de Servicios Sociales regulará el sistema público de los servicios sociales en Andalucía y garantizará los derechos subjetivos de las personas más vulnerables.
La Mesa del Tercer Sector de Andalucía fue constituida en 2012 y está presidida por Manuel Sánchez Montero e integrada, entre otras organizaciones, por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A); el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-ANDALUCÍA); la Plataforma Andaluza de Voluntariado; Cáritas Regional de Andalucía; Cruz Roja Española en Andalucía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Andalucía.
En total, en la Mesa del Tercer Sector están representadas 1.672 organizaciones sin ánimo de lucro, de las que 1.225 son de la plataforma de discapacidad, 400 de voluntariado y 47 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. Se trata de un sector que está integrado en Andalucía por más de 45.000 trabajadores, 50.000 personas voluntarias y más de 150.000 que colaboran para desempeñar una actividad de la que se benefician más de 1,8 millones de personas en riesgo de exclusión social.
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