La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, considera necesaria una estrategia nacional contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que contemple un glosario de medidas entre las que hay que destacar un verdadero sistema nacional de rentas. En este sentido, ha recordado que este es uno de los aspectos en el que están trabajando conjuntamente el Gobierno central y cuatro Comunidades autónomas, entre ellas Andalucía-, a través del marco del Programa para el Empleo y la Innovación Social de la UE, en el que se ha puesto en evidencia la necesidad de revisar el sistema de garantía de ingresos en España.
Asimismo, antes de detallar las medidas de la Junta de Andalucía para luchar contra la pobreza y la exclusión social, la consejera ha reiterado la conveniencia de legislar sobre la renta básica estatal, como se hizo con la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas.
Con estos fines, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un conjunto de políticas vertebradoras de la cohesión social, orientadas tanto al bienestar de la sociedad como a dotar a todos los andaluces y andaluzas de una red de seguridad básica que les proteja en situaciones vitales y de especial necesidad. Unas situaciones que se han visto agravadas por la crisis financiera internacional y sus efectos sobre la economía andaluza, dado que si bien se aprecia cierta recuperación económica con respecto a años anteriores “no puede decirse lo mismo de la recuperación social”.
Ha señalado que al Gobierno andaluz le preocupa especialmente la pobreza infantil como indica el porcentaje de que el 28,5% de las niñas y niños están en riesgo (pobreza relativa) y el 9,8% en situación de carencia material severa. Para paliar estas situaciones la Junta cuenta con diversas medidas como el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), aprobado mediante Decreto, que se concede a unidades familiares que no alcanzan unos recursos mensuales. Para ello, este año se destinan algo más de 90,6 millones de euros, que permitirán atender a más de 99.000 personas, dotación que se va a incrementar en el presupuesto de 2017, tal y como se acordó en el Debate del Estado de la Comunidad.
Asimismo, ha destacado el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, que incluye el programa Extraordinario de Ayuda a la contratación de Andalucía (PEACA) que se realiza a través de los Ayuntamientos andaluces. Este año se han acogido 774 municipios que realizan una media anual de más de 26.000 contratos. Igualmente, el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, gestionado también por los Ayuntamientos a través de los Servicios Sociales Comunitarios, al que se ha destinado este año algo más de 6,4 millones de euros y se han acogido 747 municipios, con unas 29.000 personas atendidas.
Sánchez Rubio ha resaltado también el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, dotado este año con casi 5,7 millones de euros que han permitido atender unas 20.000 personas con escasos recursos económicos. En esta iniciativa se incluyen las 66 escuelas de verano, en las que se han atendido a 4.697 niñas y niños de entre 3 y 16 años de edad, los comedores sociales, el servicio de catering para personas mayores de 65 con escasos recursos económicos y otras acciones como la recogida de alimentos no perecederos realizada por entidades de voluntariado.
Respecto a las ayudas económicas familiares que se transfieren a los ayuntamientos, se han destinado este año algo más de 9,7 millones de euros familias beneficiadas de estas ayudas fueron 15.121 familias y 28.000 niñas y niños en 2015. Son prestaciones complementarias para prevenir o reducir situaciones de dificultad o riesgo social para favorecer la permanencia de los menores en su entorno familiar y social.
También a los menores van destinadas a los menores las acciones de la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil, que en junio de 2015 se suscribió por la Presidenta de la Junta de Andalucía y treinta Entidades y Organizaciones de la Sociedad civil para contrarrestar los efectos de la crisis, la exclusión y la pobreza en el colectivo de los más pequeños.
Del mismo modo, este año se ha puesto en marcha el proyecto de la Estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, financiado por fondos sociales europeos para mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción. En concreto, para el periodo 2016-2020 se destinan más de 169,3 millones de euros y las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, dotadas con casi 34 millones de euros.
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