La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este jueves que el sistema público de dependencia andaluz está inmerso en un cambio “necesario y estructural”, ya que acumula “18 años sin funcionar”, por lo que la Junta está implantando una batería de medidas, incluidas en el decreto de simplificación administrativa, para acortar plazos y atender a la ciudadanía como se merece.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento, la consejera ha dejado claro que “no dará marcha atrás” ya que, una vez que se produzca la total implantación de los cambios en el sistema, se verán los resultados. “Cuando esté totalmente implantado se van a agilizar los plazos y detrás de cada plazo hay personas que es lo que importa”, ha dicho.
Convencida de las mejoras que llevará consigo la nueva instrucción, la titular de Inclusión Social ha recordado al PSOE las cifras de sus etapas de gobierno ya que, por ejemplo, en 2015 en Andalucía se llegaron a esperar 1.275 días, es decir, tres años y medio, y en 2016 se registró la cifra de 200.000 andaluces en lista de espera. De ahí, la importancia de un cambio en el sistema de dependencia. “Teníamos que rectificar un sistema que llevaba 18 años sin funcionar”, ha proseguido López, que ha señalado que el precio/hora de la ayuda a domicilio estuvo más de una década “congelado” durante esa etapa de anteriores gobiernos.
Frente a esto, ha enumerado algunas de las medidas puestas en marcha por su consejería para mejorar el sistema de dependencia como la subida medida del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio en un 24,2 por ciento respecto a lo que se pagaba con el gobierno socialista; o el incremento del precio/plaza concertada en los centros de día y centros residenciales en un 21 por ciento de media en el caso de las plazas para mayores y del 24% de media en el caso de personas con discapacidad con respecto a 2018.
Además, se han creado 4.553 nuevas plazas residenciales frente a las 283 creadas en la última legislatura del PSOE, y se ha lanzado una línea de ayudas de 134 millones de euros para la construcción y ampliación de centros destinados a mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia.
Por tanto, le ha preguntado al PSOE si ese “caos” que se reconoció incluso en su época en informes del Defensor del Pueblo Andaluz en 2016 y 2018 no requería de medidas para enderezar y mejorar la situación de miles de andaluces.
Descarga a los profesionales
Por su parte, durante su intervención, la consejera ha hecho alusión a un video de una trabajadora social que circula por las redes sociales, donde ésta explicaba “frustrada” la imposibilidad de valorar a dos personas en situación de dependencia que residen en el mismo domicilio por los cambios en el sistema. López, “desde la empatía y el mayor de los respetos”, ha agradecido a todos los profesionales su enorme labor y ha querido aclarar que es posible valorar a dos personas que residen en el mismo domicilio. “Podía realizar la valoración a ambos convivientes porque así se recoge en la instrucción de julio de 2023 y esta consejería la respalda”.
En este sentido, ha señalado que el nuevo sistema busca descargar a los profesionales de tareas administrativas, como el agendar las citas, y les ha dotado de medios tecnológicos como tablets para evitar que tengan que ir con documentación tan sensible de una cita a otra.
Asimismo, ha puesto el acento en que se está pasando de cinco programas informáticos a solo uno para poder unificar toda la información y actuaciones. Esto ha hecho que afloren expedientes en espera de hace muchos años, de ahí el aumento de los días de espera. En concreto, con la primera migración de datos han aparecido 1.851 expedientes de personas que llevaban más de mil días esperando y que “ya han sido atendidos”.
“Entre las estadísticas y las personas, hemos elegido a las personas”, ha remarcado la consejera, que ha dejado claro el afán de su departamento por solventar todos los expedientes y agilizar todo el proceso.
Otro de los aspectos más relevantes del nuevo procedimiento es la realización de una única visita domiciliaria que además cuenta con el refuerzo de trabajadores sociales en la sede de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Consciente de que estos cambios en el sistema necesitan tiempo para su correcta implantación, López ha sido contundente y ha dejado claro que el fin es mejorar el sistema para ofrecer la mejor cobertura posible a quien más lo necesita.
Infrafinanciación
A este respecto, la consejera ha indicado que la dependencia tiene dos ejes: gestión y financiación y el sistema andaluz adolece de una infrafinanciación por parte del Gobierno central, que le debe desde 2019 un total de 4.000 millones de euros a las personas dependientes andaluzas. “La Junta ha puesto 4.000 millones de euros más que el Gobierno de Sánchez desde que Juanma Moreno es presidente para sostener el sistema de la dependencia andaluz”, ha remarcado.
Ante esta situación, ha incidido en reclamar al Gobierno de España que cumpla con la Ley de Dependencia, que establece que ambas administraciones han de financiar por igual el sistema. Así, ha vuelto a pedir una "financiación justa" para los andaluces y andaluzas, al igual que la comprometida por el Gobierno central con el País Vasco y Cataluña para financiar el 50% del coste de la dependencia en ambas comunidades autónomas.
“Las personas en situación de dependencia de Andalucía se merecen del Gobierno el mismo trato que los dependientes del País Vasco y Cataluña”, ha apuntado, antes de afirmar que esta infrafinanciación se ha visto agravada por la prórroga este año de los Presupuestos Generales del Estado "que ha supuesto un recorte de 200 millones para nuestra comunidad” y se prevé que este año también se prorroguen, por lo que serán 400 millones en total pendientes para el sistema de dependencia andaluz. “A más Sánchez, menos dependencia”, ha reiterado López, que ha animado al PSOE a solicitar al Gobierno lo que se le debe a Andalucía.
Pese a todo, Andalucía es la segunda comunidad autónoma del país que más aporta al sistema de dependencia, así como desde finales de 2018 a lo que va de 2024 el número total de prestaciones ha crecido un 52 por ciento, y un 35 por ciento, el número de personas beneficiarias.
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