Información general
Resumen de la publicación
La Constitución Española reconoce la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico en su artículo 1.1, y en el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de promover aquellas condiciones, que hagan reales y efectivas la libertad y la igualdad de todas las personas. El derecho a vivir dignamente, en libertad y sin vulneración de la integridad personal, tanto física como psicológica, forma parte inalienable de los derechos humanos universales, y, por ello, es objeto de protección y promoción desde todos los ámbitos jurídicos.
La violencia de género supone una manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres y representa una clara conculcación de los derechos humanos.
La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso en la erradicación de la violencia de género y en la protección integral a las mujeres, al establecer, en su artículo 16, que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.
En este sentido, el artículo 73.2 dispone que la Comunidad Autónoma podrá establecer medidas e instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.
El Gobierno de Andalucía, consciente de que la violencia de género constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la sociedad, destina importantes recursos para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y para la erradicación de la violencia contras las mujeres.
La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio, responde al desarrollo específico de las estrategias contra la violencia de género, y constituye el reconocimiento de los derechos de las mujeres en orden a su protección y atención con el objetivo de conseguir la plena recuperación de las víctimas y facilitarle su salida del ciclo de la violencia.
El artículo 4.a) de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, establece que la actuación de los poderes públicos de Andalucía tendente a la erradicación de la violencia de género deberá inspirarse, entre otros fines y principios, en desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar, a través de acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder público implicado defina acciones específicas desde su ámbito de intervención, de acuerdo con modelos de intervención globales.
Asimismo, en su disposición adicional primera establece que “La Consejería competente en materia de igualdad elaborará un informe anual, en los términos que reglamentariamente se determinen, sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las Consejerías implicadas en materia de violencia de género, que se presentará en el Parlamento de Andalucía”.
En aplicación del citado precepto, la Junta de Andalucía elaboró en 2008 el primer Informe anual en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, habiéndose elaborado este instrumento de forma continuada desde ese año para informar sobre las actuaciones realizadas por la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de violencia de género y los resultados logrados en este ámbito, lo que convierte al Informe que aquí se presenta en el duodécimo.
Estos informes son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la Administración de la Junta de Andalucía sobre las políticas públicas de prevención y protección integral contra la violencia de género, propósito en el que se profundiza en el Informe de 2019 con una mayor información sobre los efectos alcanzados con las acciones realizadas.
Quisiera finalizar estas líneas agradeciendo a las Consejerías y Agencias de la Administración de la Junta de Andalucía su esfuerzo para mejorar el contenido de los informes de los años anteriores, en un contexto especialmente complejo por los condicionantes que ha impuesto la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Igualmente, agradecer la coordinación, cooperación y colaboración de las distintas Administraciones Públicas, instituciones, colegios profesionales, asociaciones y otras entidades privadas que en Andalucía siguen luchando contra la violencia de género. Entre todas y todos, desde los sectores públicos y privados, seguimos trabajando para acabar con esta violación de los derechos humanos.