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Resumen de la publicación
¿Qué criterio de actuación debe seguir la administración para tomar las decisiones más justas en la distribución de recursos? ¿Cómo debe afrontar la Administración la gestión de las Políticas Sociales de manera que éstas lleguen al mayor número de andaluces y andaluzas? ¿Es consciente la sociedad de la relevancia que tienen las políticas de atención a las personas? Todas estas dudas son las que nos planteamos a la hora de poner en marcha este estudio. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación apuesta por la evidencia del dato empírico y el rigor que nos ofrece la ciencia para conocer la realidad. Solo desde el conocimiento y la evaluación podremos tomar las decisiones adecuadas y avanzar hacia donde queremos y, sobre todo, Andalucía necesita. Ésta es la razón que lleva a esta Consejería a encargar a la Universidad de Málaga este estudio que ahora presentamos para conocer cuál es el impacto de las políticas sociales en el PIB de Andalucía.
El mantenimiento de los Servicios Sociales supone un gran esfuerzo económico para toda la sociedad andaluza (el 2,5 % del PIB andaluz en 2020) y el funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales en Andalucía se consigue gracias a los 105.295 puestos de trabajo existentes, que representan el 3,6 % del total de la economía andaluza. Además, en momentos difíciles como el que estamos viviendo, dentro de una crisis económica y social derivada de la pandemia, es cuando precisamente juega un papel fundamental nuestro Sistema Público de Servicios Sociales para evitar que la desigualdad social crezca en Andalucía a pesar de un contexto adverso. Esta Consejería, como no puede ser de otra manera, ejerce sus competencias desde la responsabilidad del buen uso de cada euro destinado a las Políticas Sociales. En este sentido, este estudio nos ofrece la oportunidad de conocer cuál es el impacto directo, indirecto y los efectos sobre el empleo y el consumo de los fondos invertidos en políticas sociales. Un estudio que nos confirma nuestra convicción de que invertir en Políticas Sociales no es solo una obligación legal y moral del Gobierno andaluz, sino que además es un potente generador de actividad económica.
Tenemos que desterrar del imaginario colectivo la teoría de que las Políticas Sociales son una especie de beneficencia del siglo XXI, porque el ejercicio de las mismas supone, por una parte, cubrir las necesidades de la población más vulnerable, de nuestros mayores y niños, de nuestras mujeres. Por otra parte, abre una ventana de oportunidad a nuevos nichos de empleo, al desarrollo de un sector económico cada vez más importante y que debemos impulsar sin ningún tipo de dudas. Porque el bienestar de la ciudadanía y la cobertura de las cada vez mayores necesidades que genera y demanda nuestra sociedad son una oportunidad para crear empleo y riqueza para fijar puestos de trabajo al territorio y frenar la despoblación en los entornos rurales de Andalucía. Por eso, en Andalucía hemos emprendido una revolución social que sitúa a las Políticas Sociales como un elemento clave en el avance de nuestra comunidad. Porque, más aún en estos momentos de crisis, la recuperación económica de Andalucía no llegará sin la recuperación social.