El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, junto al resto de participantes en el panel de expertos de la Semana Europea de la Energía Sostenible que se celebra en Bruselas.
El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha planteado hoy en Bruselas que se permita la utilización de fondos europeos para mejorar las redes eléctricas, tanto de transporte como de distribución, y contribuir así a acelerar la transición energética. Además, ha incidido en la necesidad de que Europa agilice los procesos de toma de decisiones en la regulación de cuestiones estratégicas en el despliegue de energías renovables en aras de avanzar en la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética respecto a terceros países.
Durante su intervención en una mesa de debate sobre la agilización de los permisos para los proyectos renovables celebrada en el marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible, Jorge Paradela ha considerado que es necesario "actuar con valentía y audacia" en el marco europeo para permitir destinar fondos europeos al desarrollo de las redes eléctricas y al refuerzo de las interconexiones eléctricas con otros países, y ha abogado por hacer una mayor apuesta por el almacenamiento. El consejero ha apuntado que es un planteamiento que la Junta de Andalucía ha trasladado también al Gobierno de España.
Paradela ha incidido en que "Andalucía está plenamente alineada con los objetivos europeos de impulsar la industria de la mano de las energías limpias y contribuir a la descarbonización de la actividad industrial y del transporte pesado a través de un vector como el hidrógeno verde". Ha añadido, no obstante, que "para no perder ninguna de las oportunidades que brinda esta transición energética, Europa debe analizar los procedimientos de toma de decisiones y ver si siguen siendo operativos".
En este sentido, ha aludido a la estrategia europea del Hidrógeno, que se planteó en julio de 2020 y fue incluida dentro de un paquete de medidas más amplio denominado Objetivo 55 -en referencia al objetivo de reducir un 55% las emisiones de CO2 en 2030-presentado un año después, en 2021. "Ese conjunto de medidas recibió luz verde en abril de 2024, con lo que ha tardado casi tres años en ser aprobado por el Parlamento europeo y aún no ha entrado en vigor".
"Son más de tres años para tomar decisiones en el marco legislativo europeo en torno a esta tecnología, un plazo que, en el nuevo ciclo político que se abre tras las elecciones del 9J, debe revisarse y probablemente haya que actuar a otra velocidad", ha aseverado Paradela.
"A medida que descendemos desde Bruselas hasta los gobiernos regionales o locales nos enfrentamos a complejidades burocráticas adicionales que nos ralentizan y nos impiden responder con rapidez a las demandas de ciudadanos y empresas, por lo que el principal reto es definir y aplicar las políticas de forma más eficiente", ha apostillado. Como ejemplo, ha señalado la demora en la aprobación de ayudas para los proyectos declarados estratégicos por Europa (IPCEI).
El consejero ha explicado la aspiración del Gobierno andaluz de convertirse en una de las administraciones "más eficientes" de España, para lo cual ya ha aprobado cuatro decretos de simplificación; el último de ellos ha supuesto la modificación de 176 normas, algunas de ellas relacionadas con proyectos energéticos sin renunciar a las máximas garantías medioambientales, ha precisado. Y en esta apuesta por la agilización, Paradela ha detallado el funcionamiento de la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), un factor diferencial de Andalucía integrado por project managers que "han llegado a reducir a la mitad los plazos de tramitación administrativa en algunos proyectos industriales estratégicos".
La necesidad de agilizar los permisos, junto con el desarrollo de las redes eléctricas y la contestación social a los proyectos renovables conforman tres de los obstáculos más mencionados en el despliegue de tecnologías limpias. Sobre ello, Jorge Paradela ha subrayado el trabajo que se realiza con ayuntamientos y plataformas para explicar cómo es el proceso de tramitación y con promotores para que sus proyectos tengan "un impacto social positivo" en los municipios.
El titular de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha considerado que las administraciones regionales pueden y deben desempeñar "un papel fundamental" para acelerar la transición energética, y ha puesto como ejemplo la cooperación entre regiones para avanzar más deprisa fomentando sinergias y compartiendo buenas prácticas, como ya ha hecho Andalucía junto a Sajonia y otras regiones con su incorporación en la asociación SIRE (Solar Industry Regions in Europe), y con la firma de memorandos de entendimiento con el Ayuntamiento de Róterdam para impulsar el corredor marítimo que conecte el sur con el norte de Europa.
Se trata de una colaboración que no se circunscribe al ámbito público, sino que "también se está materializando entre empresas que eran competidoras y ahora están llegando a acuerdos para poner en marcha nuevos proyectos; la dimensión y magnitud de estos obliga a hacer el viaje acompañado", ha apuntado el consejero. Y también una tercera vía, a través de la colaboración público-privada, que permite acelerar el paso en este camino. Así, Paradela ha destacado como ejemplo la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde, que aglutina a la administración regional, centros de investigación, universidades, empresas y clúster con más de 150 integrantes que participan activamente en los grupos de trabajo constituidos para avanzar en materias como la regulación, instrumentos de financiación o las necesidades formativas de los profesionales que demanda el sector.
El consejero ha defendido en Bruselas que Andalucía cuenta con todos los elementos necesarios para contribuir activamente al avance de la transición energética al disponer de una radiación solar un 13% superior a la media española y un 50% superior a la alemana, así como contar con costes energéticos competitivos como demuestran los acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA), que son entre un 25 y un 40% más baratos que la media de la UE. Además, ha precisado, la comunidad ya cuenta con casi 12 GW de potencia verde eléctrica instalada y tiene autorizados otros 11 GW para su construcción.
La mesa de debate ha estado moderada por Paula Rey, Jefa Adjunta de la Unidad de Política de Integración de las Energías Renovables y los Sistemas Energéticos de la DG ENER de la Comisión Europea, y en ella han intervenido, además, Sara Giovannini, directora de Energy Cities, asociación que agrupa a centenares de ayuntamientos de 30 países; Jonathan Bonadio, representante de la asociación Solar Power Europe; y Seda Orhan, responsable de Energías Renovables de Climate Action Network.
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