El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, Jose Antonio Nieto, ha destacado el “cambio cultural” que el actual Gobierno andaluz promoverá en la Administración Pública a través de dos leyes “muy importantes para nosotros” como las de Función Pública y Evaluación de Políticas Públicas. Nieto, que ha inaugurado hoy el XVII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, ha puesto en valor la necesidad de contar con la “transferencia de conocimientos desde el ámbito académico a quienes tenemos la responsabilidad de hacer las leyes”.
El congreso reúne hasta mañana en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a más de 300 expertos que analizarán '20 años de la Ley General de Subvenciones'. Una norma de la que Nieto también ha destacado su importancia para las administraciones públicas y que ha defendido que, tras el tiempo transcurrido, merece un “análisis reposado que permita mejores hábitos en su gestión”.
No obstante, Nieto ha puesto en valor los avances realizados por el actual Gobierno andaluz en materia de control y transparencia sobre las ayudas y recursos públicos.
En este sentido, el consejero ha señalado que actualmente la Junta de Andalucía está tramitando dos normativas que permitirán avanzar en la mejora de la gestión pública: la Ley de Función Pública y la Ley de Evaluación de Políticas Públicas.
La primera se encuentra ya en trámite parlamentario y Nieto ha agradecido expresamente la colaboración del profesor Eduardo Gamero en su redacción. “Para nosotros es una ley muy importante ya que su objetivo es provocar un cambio cultural”, ha subrayado. Se trata de adaptar la Administración Pública al siglo XXI para ofrecer un servicio más ágil y eficaz.
También un cambio cultural es lo que persigue la Ley de Evaluación de Políticas Públicas “que tenemos muy avanzada” y para la que “queremos seguir contando con la experiencia y el saber de muchos de vosotros”.
Durante su intervención, el consejero ha defendido, parafraseando al profesor Manuel Clavero Arévalo, que “el pragmatismo nunca puede sustituir a la ética que tiene que tener toda norma” y ha subrayado que los profesionales y académicos del Derecho Administrativo son una garantía para asesorar al legislador a mantener este principio.
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