El Consejo de Gobierno ha aprobado formular la Estrategia para una Administración Pública Innovadora 2023-2030 cuyo objetivo es transformar y racionalizar la organización y gestión de los servicios públicos para adaptarlos a los cambios demográficos, sociales y tecnológicos del siglo XXI.
Se trata de diseñar una Administración Pública que tenga como eje central a la ciudadanía, facilitando su participación activa e inmediata en la vida pública; cuyo motor del cambio sea el personal empleado público, aprovechando al máximo su talento y favoreciendo su capacitación, compromiso y corresponsabilidad; y en la que la innovación sea el instrumento para alcanzar la excelencia, pero que no se limite a las herramientas digitales si no también a los procesos y al capital humano.
La finalidad principal es mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos, eliminando las áreas de congestión en los procesos y procedimientos administrativos además de mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales y simplificando procesos y plazos. Para facilitar la participación de la ciudadanía, se habilitarán canales accesibles e inclusivos, incluyendo asistentes virtuales. También se trabajará en simplificar la relación de las personas y las empresas con la Administración, facilitando la realización de los trámites burocráticos y ofreciendo canales accesibles y diversos para asegurar la atención a cualquier persona independientemente de edad o diversidad funcional y teniendo en cuenta las brechas digitales.
Potenciar el valor de los profesionales
En materia de recursos humanos, y teniendo a los empleados públicos como motor fundamental para llevar a cabo esta transformación, la Estrategia apuesta por modernizar el sistema de selección y gestión y mejorar las relaciones entre los diferentes niveles de la Administración, así como impulsar un Plan de capacitación en gobierno activo y apertura de datos del personal al servicio de la Función Pública y evolucionar hacia un puesto de trabajo inteligente. Se trata de potenciar el valor que los profesionales pueden aportar a la gestión pública y aprovechar el talento creando conocimiento corporativo y generando innovación.
Las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades tanto para atender a la ciudadanía como para robotizar procedimientos y aplicar la inteligencia artificial a la toma de decisiones, ahorrando tiempo y esfuerzos y previendo situaciones futuras a las que anticiparse. La Estrategia pretende avanzar en la accesibilidad universal de los servicios públicos homogeneizando la desigual transformación entre el sector autónómico y local a la progresiva digitalización. Asimismo, apuesta por la automatización inteligente de procesos y basada en datos.
Toda esta transformación debe tener como meta lograr la excelencia, orientar la acción de la Administración pública a resultados a través de la evaluación de los servicios y políticas públicas y establecer un código ético de la organización basado en la responsabilidad social, económica y medioambiental, así como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Coordinación entre consejerías
La Estrategia será coordinada y elaborada conjuntamente por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a través de la Secretaría General para la Administración Pública, y por la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, a través de la Agencia Digital y de la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa.
Al tener un carácter transversal, el Consejo de Gobierno también ha acordado crear una Comisión Interdepartamental integrada por las personas titulares de los distintos órganos directivos centrales que han de liderar esta transformación, principalmente en las materias de Administración Pública, Administración periférica, estrategia digital, presupuestos, formación e inspección de servicios. Esta Comisión se encargará de promover, coordinar y hacer un seguimiento de las medidas que se adopten.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de diseñar una propuesta inicial que trasladará al resto de consejerías y los agentes implicados para su análisis y aportación de propuestas, además de recabar los informes preceptivos. La propuesta inicial del plan será sometida a información pública mediante anuncio en el BOJA por un plazo no inferior a un mes. Una vez realizadas las modificaciones que se consideren oportunas, el consejero de Justicia elevará al Consejo de Gobierno una propuesta final para su aprobación.
La misma incluirá un análisis de la situación de partida, un diagnóstico que permita señalar los problemas, retos y necesidades a abordar, una definición de objetivos, una programación de las medidas previstas para lograrlos (incluyendo una cuantificación económica de los fondos necesarios y un cronograma aproximado), así como una organización o sistema para la gestión del Plan que distribuya las responsabilidades en su formulación y ejecución.
Además, contendrá un sistema de seguimiento con indicadores de cumplimiento y una evaluación ex ante o de pertinencia para optimizar las probabilidades de eficacia y eficiencia del Plan. El Instituto Andaluz de Administración Pública emitirá un informe de evaluabilidad para garantizar que el diseño del mismo permite la rendición de cuentas a la ciudadanía.
La Estrategia para una Administración Pública Innovadora 2023-2030 estará alineada con las ya existentes a nivel europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, además de la estatal España Digital 2025 y otras que actualmente se están elaborando como la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2022-2025, la Estrategia Andaluza de Administración Digital centrada en las personas 2022-2030 y la Estrategia para la Administración Territorial de la Junta de Andalucía.
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