El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, Jose Antonio Nieto, ha defendido hoy que una Andalucía líder exige, además de una fiscalidad competitiva y una educación y sanidad públicas de calidad, una “Justicia eficiente y ágil”. Tras analizar la situación y los recursos disponibles desde su llegada al cargo, ha expuesto que tiene claro el modelo de Justicia que quiere para Andalucía. Su hoja de ruta para lograrlo pasa por reordenar los medios materiales y humanos de forma más eficiente, suprimir gastos superfluos aprovechando la digitalización, fomentar vías como la mediación para reducir la alta litigiosidad y planificar una red de infraestructuras judiciales adaptadas al siglo XXI. En este ámbito ha avanzado que su objetivo es impulsar los proyectos de una veintena de sedes explorando para ello vías alternativas de financiación.
Nieto ha participado hoy en un desayuno-coloquio organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, que dirige Francisco Herrero, bajo el título ‘Andalucía hacia el liderazgo desde las reformas’, con el patrocinio del bufete Ontier. El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido ha sido el encargado de presentar al consejero, con quien ha destacado que comparte su formación en Derecho, su vocación municipalista y la experiencia de haber trabajado juntos en el Ministerio de Interior “en uno de los momentos más complicados donde me terminó demostrando su faceta de hombre de Estado, discreto y gran trabajador”.
El consejero ha defendido el “reformismo sereno, constante e inconformista” implantado por el Gobierno de Juanma Moreno para “cambiar el derrotismo por la ambición, el lamento por la esperanza y el retraso por el liderazgo”. Así, ha puesto en valor las reformas ya en marcha en materia de fiscalidad, políticas sociales o formación para el empleo y algunos frutos recogidos como el incremento en un 87% de la inversión extranjera en la comunidad. Sin embargo, ha reconocido que los tres ámbitos de su competencia -la Justicia, la Administración Local y la Función Pública- son “las tres grandes reformas estructurales que aún están pendientes en nuestra comunidad y en nuestro país”.
Nieto ha dejado claro que todas las reformas que impulsará en los ámbitos de su Consejería parten de un estudio previo de la situación y los recursos disponibles y una planificación realista frente a las “ocurrencias”. Y se realizarán con proyectos pilotos para minimizar errores, con indicadores claros para medir los cambios y con procesos transparentes.
Durante su intervención, el consejero se ha detenido especialmente en las reformas que quiere emprender en la Administración de Justicia. Tras 26 años con las competencias transferidas, ha lamentado “la ausencia de un modelo y una cultura de la planificación”. Y ha evidenciado los principales déficit: una de las tasas de litigiosidad más altas de España, pese al incremento constante de órganos, jueces y personal; “derroches inasumibles en pleno siglo XXI” como casi 15 millones de gasto en papel o correspondencia el año pasado pese a la inversión en digitalización; y una cuarta parte de las 152 sedes judiciales en condiciones “precarias” además de otras tantas “mejorables”.
Junto a la reorganización de recursos materiales y humanos, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el impulso a la resolución extrajudicial de conflictos, a través de la mediación en colaboración con entidades como la Cámara de Comercio o los colegios profesionales, Nieto ha ahondado en la necesidad de contar con sedes dignas para garantizar un buen servicio.
Solo 24 sedes en 26 años
En 26 años desde las transferencia de las competencias se han construido en Andalucía 24 sedes judiciales y los Presupuestos de la Junta para 2023 consignan 8,5 millones de euros para este tipo de infraestructuras. “Solo la Ciudad de la Justicia de Sevilla requiere 170 millones, nos toca ser imaginativos”, ha indicado.
“Necesitamos poner en marcha un Plan de Infraestructuras Judiciales y es posible”, dentro de la Estrategia de Justicia para Andalucía, ha asegurado. Para ello explorará varias vías alternativas de financiación. Su intención es impulsar en esta legislatura, de acuerdo con los grupos parlamentarios, una veintena de proyectos de nuevas sedes.
En concreto, se ha referido a las cinco Ciudades de la Justicia de las capitales que faltan, diez edificios en ciudades medias y cinco sedes en partidos judiciales más pequeños que actualmente presentan más deficiencias. En algunos casos se iniciarán los trámites administrativos previos, en otros podrán comenzarse las obras y algunas como la Ciudad de la Justicia de Sevilla empezarán a funcionar incluso este año, con el traslado de los primeros órganos a partir de junio, ha detallado.
Para construir nuevas infraestructuras en propiedad, ha apostado por vías de financiación como la colaboración público-privada, el empleo de fondos europeos “hasta ahora vetados para este uso y que creemos que podemos activar” y la obtención de ingresos mediante la venta de sedes que queden en desuso.
Pero también se ha referido a nuevas fórmulas para contar con instalaciones alquiladas adecuadas como establecer convenios con ayuntamientos que tienen liquidez para construir o rehabilitar edificios adecuados para uso judicial, de forma que ellos asumen la obra y la Consejería el pago de un arrendamiento que les permita amortizar el gasto.
También ha apuntado a la posibilidad de firmar contratos de arrendamiento reforzado a largo plazo (20 o 25 años) con arrendatarios privados con la rentabilidad de mercado y la seguridad que ofrece la Junta de Andalucía.
Simplificar burocracia y controles a los administraciones locales
En el ámbito de la Administración Local, su apuesta es simplificar la carga burocrática que desde la Junta se impone a los ayuntamientos mediante la eliminación de “sobrecontroles, a veces con prepotencia”, aplicando “el sentido común” para evitar que “nos gastemos miles de euros en reclamar unos céntimos”.
En el caso de la Administración Pública, el reto es gestionar casi 280.000 trabajadores (incluyendo sanitarios, docentes y personal de los entes instrumentales) y 20.000 millones de presupuesto (entre los capítulos de personal y gasto corriente). Requiere una “transformación profunda” que según ha explicado pivotará sobre la Ley de Función Pública que actualmente se tramita en el Parlamento y las Estrategias de Administración Innovadora, Administración Digital y Administración Periférica, impulsadas conjuntamente con la Consejería de Presidencia-. Los objetivos fijados son “que en 2026 seamos un 10% más eficientes y en 2030 un 20%"”.
La finalidad es “ser eficientes, y sostenibles, que todos nuestros recursos aporten valor y todas las partidas sean útiles”. Las medidas forman parte del mandato del presidente de la Junta que “desde la pasada legislatura decidió que las reformas iban a ser la principal palanca de su proyecto para el desarrollo de Andalucía” porque “nadie nos va a regalar nada” y, como señala el darwinismo, “los que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes sino los que mejor se adaptan al cambio”, ha subrayado.
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