La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha reclamado hoy al Ministerio de Justicia “medidas” para poder hacer frente a la situación creada y a los retrasos en los procedimientos por la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Así, lo ha expresado la viceconsejera, Ana Corredera, en el seno de la Conferencia Sectorial que se está celebrando en Baleares, en la que ha pedido a ambas partes que “acerquen” posturas para lograr un acuerdo.
Corredera ha expresado la “preocupación” de la Consejería y del Gobierno andaluz por los “graves daños y perjuicios” que el paro prolongado está provocando a la Administración de Justicia, “pues está teniendo consecuencias incalculables, ya que en Andalucía estamos ya alrededor de las 40.000 suspensiones entre juicios y otras actuaciones. “Somos una de las Comunidades más afectadas por el volumen de procedimientos, nuestra comunidad tiene un territorio similar al de Portugal y 8,5 millones de habitantes”, ha recordado.
Por este motivo, ha aludido a la “responsabilidad” y ha solicitado al Ministerio “un esfuerzo en la negociación” y que ambas partes acerquen posturas para poder alcanzar un acuerdo. Andalucía cuenta con unos 700 letrados de la Administración de Justicia y son más de 27.000 operadores jurídicos los afectados por este paro “además de los ciudadanos”. “Estamos muy preocupados por las repercusiones económicas, en los asuntos de los ciudadanos y de los abogados y procuradores que llevan sin que se tasen las costas judiciales desde el 24 de enero y no pueden cobrar una parte importante de su trabajo”, ha añadido.
La viceconsejera -que ha estado acompañada por la secretaria general de Servicios Judiciales, Rosalía Espinosa, y la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos, María Eugenia Romero- ha pedido apoyo una vez que se cierre el conflicto para el regreso a la “normalidad”, con medidas como un plan de actuación para evaluar daños y consecuencias, el alcance y repercusión que la huelga ha tenido en la Justicia, así como propuestas para minimizar los perjuicios “lo antes posible”.
La Consejería de Justicia va a formar parte del grupo de trabajo que el Ministerio ha propuesto crear con las comunidades para abordar la situación. “El grupo de trabajo tiene que ser la herramienta desde la que se tienen que consensuar e impulsar medidas, no el fin. Esperamos que esas medidas se adopten de forma urgente, porque en Andalucía son muy necesarias, porque, insisto, las consecuencias son gravísimas”, ha recalcado.
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