Nieto reclama al Ministerio medidas para que la actividad en los juzgados vuelva a la normalidad “cuanto antes” tras el fin de la huelga de los LAJ

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha valorado hoy el fin de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio y ha confiado en que la actividad en los tribunales andaluces vuelva a la normalidad “cuanto antes”. Para ello, ha pedido al Gobierno central que colabore con las comunidades autónomas y ponga en marcha medidas que permitan paliar los efectos del paro.

Tras más de dos meses de paro, para Nieto urge retomar la gran cantidad de juicios y actuaciones suspendidos, poner al día las demandas pendientes de reparto y resolver la situación de las cantidades económicas paralizadas en las cuentas de consignación de los juzgados.

Ha recordado que Andalucía cuenta con 700 LAJ y son más de 27.000 los operadores jurídicos afectados por la huelga, “además de los ciudadanos, que son los principales perjudicados”.

En este sentido, ha recordado que en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada a principios de marzo, la Junta de Andalucía ya solicitó al Gobierno central que, tan pronto como acabara el conflicto, se pusieran en marcha medidas como un plan de actuación para evaluar daños y consecuencias, el alcance y repercusión que la huelga ha tenido en la Justicia, así como propuestas para minimizar los perjuicios.

En dicha reunión, el Ministerio propuso crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para abordar la situación. Nieto ha subrayado que “Andalucía formará parte de ese grupo de trabajo”, donde espera que “se pongan sobre la mesa medidas y que no seamos las comunidades quienes tengamos que afrontar una situación sobre la que no podíamos decidir al no tener competencias”.

Unas medidas que ha insistido en que deben adoptarse “lo antes posible y no dilatarse en el tiempo”, ya que la huelga ha paralizado gran parte de la actividad judicial e incrementado la sobrecarga de trabajo y los retrasos en los tribunales “provocando graves perjuicios”.