La viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, ha alertado hoy de que la reforma penal del delito de malversación impulsada por el Gobierno central y aprobada por vía de urgencia “introduce cambios perjudiciales para la lucha contra la corrupción”. A su juicio, “para cualquier Gobierno, y desde luego para la Junta de Andalucía, la lucha contra este delito es fundamental para garantizar la transparencia y la ética en la gestión de la Administración y los fondos públicos y en eso la reforma no ayuda mucho”.
Corredera ha inaugurado la II Jornada Antifraude organizada por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que dirige el magistrado Ricardo Puyol, dedicada este año a ‘La reforma del tipo penal de malversación y su incidencia en la lucha contra la corrupción”. Una jornada en cuya apertura también ha intervenido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y que cuenta con la participación de jueces, fiscales, abogados y catedráticos de Derecho Penal.
La viceconsejera ha alabado el “magnífico trabajo” realizado para la puesta en marcha “en tiempo récord” de la Oficina Andaluza contra el fraude, un órgano impulsado por el Gobierno andaluz la pasada legislatura que, según ha recordado, se decidió que fuera de extracción parlamentaria “para dejar clara su independencia, trabaja desde la total autonomía, sin ninguna tutela”. Asimismo, ha felicitado a su director, Ricardo Puyol, por el tema elegido para estas jornadas ya que “lamentablemente está de rigurosa actualidad y las consecuencias de esta reforma aún están por ver”.
Para Corredera, “la malversación es un delito que atenta contra la confianza de los ciudadanos en sus representantes, en los trabajadores públicos, en las instituciones y puede generar graves perjuicios económicos y sociales”, por lo que reformar el tipo penal para delitos “de este calado merecen mayor reflexión y debate”. En este sentido, ha lamentado que se haya tramitado mediante una Proposición de Ley, y no a partir de un Proyecto de Ley que conlleva informes preceptivos necesarios, “y por procedimiento de urgencia, lo que ha limitado los tiempos de debate y propuestas”.
“No digo que el procedimiento legislativo no haya sido correcto, sino que no se ha seguido el adecuado cuando hablamos de delitos de este calado”, ha defendido, al tiempo que ha señalado que “la ciudadanía tiene la sensación de que esta reforma se ha hecho por razones meramente partidistas y políticas”.
Igualmente, se ha referido a la advertencia de la Fiscalía General Anticorrupción sobre la revisión de casos y las consecuencias de que se produzcan rebajas de penas como ha ocurrido con la llamada ‘Ley del sí es sí’.
“Si reducimos penas por malversación estamos lanzando el mensaje a la sociedad de que corrupción no es un delito grave y eso es muy preocupante. Si no se garantiza la obligación de devolver el dinero malversado también enviamos el mensaje de que los corruptos no van a tener que pagar por el daño causado”, ha alertado.
Por ello ha incidido en que el análisis de las consecuencias de esta reforma por parte de los profesionales a través de jornadas como esta es “necesario e importante”, ya que cabe cuestionarse si “estamos ante un paso atrás en la lucha contra la corrupción”.
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